Entre los especialistas convocados para esta jornada se encuentran el defensor general adjunto de Chubut, Alfredo Pérez Galimberti; el profesor de derecho penal y procesal de la UBA Alberto Beraldi y el integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Geminiani.
También fueron convocados por los legisladores el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, Daniel Obligado y el senador provincial por Santa Fe Lisandro Enrico.
El texto enviado por la presidente Cristina de Kirchner fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y le da un rol protagónico a los fiscales en las investigaciones penales, entre otras modificaciones a la normativa actual.
El Senado retomó ayer el debate con la presencia de un nutrido grupo de juristas que, en líneas generales, apoyaron el proyecto pero plantearon modificaciones.
El plenario de comisiones recibió en primer término al presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien consideró que "el proyecto es bueno" pero "hay aspectos para mejorar".
En este sentido, destacó "la separación de funciones" de jueces y fiscales y los "plazos claros" para los procesos, pero cuestionó que "no se sabe en qué casos" se realizará el juicio por jurados y, respecto de la expulsión de extranjeros, aseguró que "con la ley de migraciones la situación ya está regulada".
Luego fue el turno del abogado Julio Maier, especialista en Derecho Penal, quien consideró que "se debió comenzar por el derecho penal", en el sentido de analizar el Código Penal porque, según dijo, el Procesal Penal "contiene instituciones" del primero.
Además, sostuvo que la iniciativa tiene "tres metas claras" que son fortalecer el Ministerio Público, que los jueces resuelvan en un procedimiento por audiencias y la "reducción del tiempo que duran los procesos penales" pero advirtió: "Dudo que el proyecto haya elegido los mejores mecanismos para lograr estas metas".
Por su parte, el vicepresidente de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis María Cabral, indicó que el proyecto hay una "regulación insuficiente" de la participación de la víctima en el proceso penal.
También expuso el excamarista y exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien afirmó que el proyecto es un "salto infinitamente superior" respecto del Código vigente pero cuestionó el concepto de "conmoción social", incluido entre los causales de la prisión preventiva.
"Parece un injerto", afirmó, al tiempo que lo calificó como "una regresión cultural" por tratarse de un concepto mencionado en "leyes de la dictadura".
También participó de la reunión Guillermo Yacobucci, integrante de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, quien sostuvo que "el sistema acusatorio ya no se discute como modelo más eficaz".
En tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien advirtió que e el país funciona "una estructura judicial del siglo XIX, muy burocratizada y este es el gran desafío".
"Si no creamos las condiciones para corregir esto, corremos el riesgo de llegar a mal puerto", afirmó Erbetta, aunque señaló que "el proyecto tuvo muy en claro este objetivo, cuando refiere la creación de la Oficina Judicial".
El plenario de comisiones también escuchó al abogado del CELS Diego Morales, quien se refirió a la expulsión de extranjeros en situación irregular y planteó "incertidumbre sobre quién va a estar catalogado como irregular".
En este sentido, afirmó que es la Dirección de Migraciones la que puede "constatar la irregularidad pero en la norma no está especificado".
El ministro de Educación José Goity y la secretaria General María Martín visitaron los estudios de LT10. Hablaron sobre las mejoras en alfabetización, pero remarcaron el impacto de las faltas escolares.