El Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak quedó en la mira por la llamativa desaparición de datos sensibles para la causa Ciccone. El juez del caso, Ariel Lijo, tiene un documento firmado el 26 de abril donde la Inspección General de Justicia (IGJ) admite que en marzo de 2012 se extravió un expediente con información sobre las sociedades que estuvieron detrás de la compra de la imprenta de papeles de seguridad.
Los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que se registró el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. La documentación es clave para conocer quiénes son los verdaderos dueños que estaban detrás de la imprenta, hoy bajo órbita estatal. Los datos son importantes para las investigaciones que se realizan en la Argentina y en Uruguay.
El extravío originó la reconstrucción del expediente, un procedimiento habitual en sede administrativa. La particularidad de este caso es que la nueva carpeta tiene sólo 4 fojas, 18 menos que la original. Alak, funcionario del cual responde la IGJ, no realizó la denuncia penal y por eso se posó sobre él la lupa de la Justicia.
La resolución 0000618 de la IGJ, publicada este lunes por el diario Clarín, da por reconstruido el trámite y admite que el original se perdió en 2012, cuando estalló el escándalo. Está firmada por Marcelo Mamberti, ex titular de la IGJ. En este caso el vicepresidente Amado Boudou está acusado de haber avanzado sobre la compañía para hacer negocios con el Estado del que él forma parte.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante la jueza federal María Servini de Cubría que ella había denunciado ante Alak la pérdida del expediente y el funcionario no hizo nada al respecto. Al contrario, la echaron.
En diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki, Martínez dijo que los funcionarios que reconstruyeron la carpeta "fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables".
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