En diálogo con LT10, Julio De Olazábal, Fiscal General de la provincia, expresó que “la Argentina adhirió a tratados internacionales que señalan que la prisión antes de la condena solo debe ser impuesta para asegurar que el imputado comparezca en el juicio. Ahora, no entra en detalles sobre al cantidad de años o el monto de la condena condicional (esto está librado a los Estados). Por lo tanto, el Congreso y las Legislaturas pueden alivianar o endurecer esta situación”.
Además, Julio De Olazábal agregó que “si los legisladores nos dan herramientas para restringir las excarcelaciones nosotros las vamos a aplicar. En la provincia hay ciertos márgenes para esto. Como tradicionalmente la tenencia de arma no era un problema para Argentina, en el Código Penal hay una pena liviana para la tenencia de arma que no es de guerra. Esto impide muchas veces restringir las excarcelaciones”.
“El que arma por la calle con un arma está cumpliendo un acto. Aquí hay un peligro potencial y el Estado debe intervenir. Yo creo que hay un margen legal para que los fiscales podamos restringir las excarcelaciones de las personas que salen armadas a la calle”, subrayó el Fiscal General de la provincia.
Finalmente, Julio De Olazábal remarcó que “los legisladores pueden establecer ciertas presunciones judiciales sobre los sujetos que son detenidos armados en al calle que nos permitan restringir las excarcelaciones. La figura de la flagrancia nos puede llegar a dar un elemento. Esto permite que el sujeto sorprendido en flagrancia sea llevado ante el juez en forma rápida y haya un pronunciamiento”.
El tribunal del Segundo Circuito negó el pedido de los fondos Petersen y Eton Park para que todo el panel de jueces revise la sentencia.