El Gobierno sufrió un nuevo revés en el caso Ciccone, y esta vez el golpe fue dado por la propia Corte Suprema, que ratificó un fallo que le ordena a la Inspección General de Justicia (IGJ), un órgano que depende del Ministerio de Justicia, que aporte información vinculada al caso Ciccone.
En su fallo, el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo y dejó firme la sentencia de cámara que condenó a la IGJ a informar al demandante –el diputado Ricardo Gil Lavedra- si las sociedades Ciccone Calcográfica, luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana, y The Old Fund “se encontraban inscriptas y, en tal caso, en que carácter”, apuntó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La Cámara también ordenó a esa dependencia del Ministerio de Justicia que “suministrara copia” de los “estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, domicilios y demás datos” de Ciccone, CVS y The Old Fund “que pudieran ser relevantes”.
Así la Corte ratificó el criterio de la Cámara, que había considerado que el demandante, en su condición de ciudadano, “tenía derecho a acceder a la información que solicitaba (…) sin necesidad de que se demuestre un interés o afectación directa”.
También refutó el argumento del Gobierno, que pretendía negar ese derecho porque Gil Lavedra había hecho el pedido “invocando exclusivamente su carácter de diputado nacional”. “Esa alegación -destacó el Tribunal según reprodujo el CIJ- dejaba sin refutar el hecho de que la condición de diputado del actor no le hacía perder su calidad de ciudadano”.
El tribunal del Segundo Circuito negó el pedido de los fondos Petersen y Eton Park para que todo el panel de jueces revise la sentencia.