Ésta es la instrucción que Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H) que representan a la Argentina en el "juicio del siglo", recibieron durante el fin de semana de parte del Gobierno de Cristina de Kirchner, y que deberán sostener cuando el "special master" reabra su bufete esta semana para un nuevo encuentro.
Pollack les anunció el viernes pasado a los dos abogados y a sus colegas que representan a los fondos buitre que por orden de Thomas Griesa nuevamente se llamará a las partes para intentar una nueva ronda negociadora. El juez de Nueva York dispuso esta nueva tanda de discusiones a cargo de Pollack (la séptima oficial, a la que hay que sumar otras tres extraoficiales, siempre en su despacho de Park Avenue), cuando ya tiene todo cerrado para decidir si prosigue o no con multas y embargos contra el país, por haber avanzado la Argentina en el pago de la deuda soberana dentro del territorio nacional. Los fondos buitre le reclamaron al juez que determine definitivamente las consecuencias prácticas de haber declarado al país en "desacato" y que actúe en consecuencia. Sin embargo, Griesa aún parece resistirse a dar pasos concluyentes y nuevamente abrió una instancia negociadora en el bufete de Pollack.
Lo que en realidad se especulaba en Buenos Aires es que el negociador podría sondear a la Argentina si efectivamente estaría dispuesta a cerrar toda instancia de discusión en esta etapa y esperar hasta enero próximo, cuando ya no esté en vigencia la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), por la cual el país tiene que liquidar la misma cantidad de dinero a los que ingresaron en los canjes de 2006 y 2010 si mejora la oferta a los que no aceptaron esas operaciones. Esa cláusula vence en enero de 2015, y ahora Pollack podría comenzar a sondear una instancia negociadora futura.
La Argentina se negará nuevamente a esta posibilidad, al menos ante el "special master". Por recomendación de los propios abogados de CGS&H, cualquier oferta que la Argentina haga hasta el último día hábil de este año podría ser interpretada como la decisión voluntaria de mejorar la oferta de los dos primeros canjes, y, entonces, activar la RUFO. Esto incluye tanto ofertas oficiales y extraoficiales del Gobierno argentino como acciones de los privados. Por eso hasta enero próximo la Argentina no podrá tampoco avalar las acciones de bancos privados y de inversión (nacionales o extranjeros), así como tampoco operaciones voluntarias de agentes financieros como George Soros o David Martínez del fondo Fintech, o bancos y empresarios brasileños. Estas negociaciones, si las hubiera oficialmente, deberían realizarse bajo estricto criterio privado, sin intervención ni aval del Gobierno argentino, y cerrarse y presentarse luego de diciembre de 2014.
La última negociación de Pollack con las partes en conflicto se realizó el 30 de julio, cuando el ministro de Economía viajó a Nueva York para reunirse con los representantes de los fondos buitre, sin que se llegase a ningún acuerdo. La Argentina había pedido el reemplazo de Pollack, pero Griesa insistió en abrir nuevas instancias de negociación en el conflicto judicial, esta vez a través del mediador. Al encuentro en las oficinas de Pollack concurrirán, de parte de los fondos buitre, los abogados Robert Cohen (fondo Elliott), Edward Friedman (Aurelius) y Stephen Poss (Olifant).
El tribunal del Segundo Circuito negó el pedido de los fondos Petersen y Eton Park para que todo el panel de jueces revise la sentencia.