El capo del narco Vicente "el Viceroy" Carrillo Fuentes, líder del Cartel de Juárez, fue detenido ayer en el segundo golpe en una semana a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en momentos en que el Gobierno está bajo fuego por una posible masacre de estudiantes.
Carrillo es señalado como uno de los responsables del baño de sangre que envolvió a la fronteriza Ciudad Juárez entre 2009 y 2011, cuando su organización criminal batallaba contra el Cartel de Sinaloa para lograr el control de una de las rutas clave para introducir drogas a Estados Unidos.
El capo es hermano del fallecido Amado Carrillo Fuentes, apodado "el señor de los cielos" porque fue de los primeros en utilizar avionetas a finales de la década de 1990 para transportar principalmente cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo.
Los sicarios del C artel de Juárez, las bandas La Línea y Los Aztecas, fueron acusados por los sonados asesinatos en marzo de 2010 de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Lesley Ann Enríquez, y su esposo, así como del cónyuge de otra empleada de la sede diplomática. El episodio melló la relación entre México y Estados Unidos.
Aunque el cartel de Juárez está debilitado, el Gobierno de México ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos (2,24 millones de dólares) por la captura de Carrillo Fuentes, mientras que Estados Unidos lo subía a cinco millones de dólares. Hace una semana, soldados mexicanos capturaron a Héctor Beltrán Leyva, uno de los últimos miembros del clan del mismo nombre que junto con los Carrillo Fuentes eran hasta mediados de la década de 2000 socios de Guzmán, quien fue capturado en febrero tras permanecer 12 años prófugo.
Tanto el Gobierno de Enrique Peña Nieto como el de su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012), han arrestado a decenas de capos del narcotráfico, pero a menudo esto ha provocado escisiones de carteles en organizaciones más pequeñas que desatan más violencia.
Uno de estos grupos pequeños, autodenominado Guerreros Unidos, es señalado como responsable de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de magisterio hace dos semanas en complicidad con policías en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, un caso que ha puesto en jaque al Gobierno.
El tribunal del Segundo Circuito negó el pedido de los fondos Petersen y Eton Park para que todo el panel de jueces revise la sentencia.