El Gobierno amplió en $ 2.000 millones –de $ 6.500 millones a $ 8.500 millones– el presupuesto de este año destinado al pago de sentencias a favor de los jubilados de la ANSeS según la Decisión Administrativa publicada hoy en el Boletín Oficial.
Se estima que estos fondos alcanzarían para cancelar unas 10.000 sentencias más, llevando el total a 45.000. En promedio las sentencias que se pagan rondan los $ 200.000, más el reajuste del haber de acuerdo a lo que fije la sentencia.
Según la ANSeS, "existen 303.630 causas en trámite de naturaleza previsional. De ese total, 265.307 son por reajuste de haberes y el resto son juicios en los que se cuestiona el derecho al beneficio, el grado de invalidez del titular y otras cuestiones”.
En tanto, para 2015 el Presupuesto prevé pagar el año próximo 10.500 millones de pesos por sentencias a favor de los jubilados de la ANSeS.
La mayoría de los juicios son por reajustes de los haberes tras la crisis de 2001-2002. Y crecieron luego de que la Corte Suprema dictara varios fallos favorables a las demandas de los jubilados, como el caso Badaro o Eliff o las demandas de los retirados de las FF.AA. y de Seguridad porque les liquidaron las jubilaciones sin incluir los rubros no remunerativos.
Ahora están ingresando menos demandas porque el reclamo por Badaro abarca a los que se jubilaron antes de diciembre de 2006, mientras la demanda por Eliff tiene menos impacto a partir de la aplicación de los índices de movilidad en 2009.
Para cobrar lo que ya determinó la Justicia, cada jubilado debe iniciar un juicio porque el Gobierno no extiende la doctrina de la Corte a todos los jubilados que están en la misma situación. Este reclamo está hace varios años en la Corte Suprema por una demanda colectiva presentada por la Defensoría del Pueblo.
También la Corte tiene una gran demora en resolver las demandas de los jubilados de las Cajas provinciales transferidas a la ANSeS porque no se les aplican los beneficios de las leyes por las que se jubilaron. Y días atrás, el Alto Tribunal revocó las medidas cautelares dictadas por jueces a favor de los jubilados.
El representante de la Asociación Civil Factor Vial, Franco Romanello, advirtió por LT10 sobre el alarmante incremento de la mortalidad en siniestros de tránsito, destacando que el 79% de las víctimas fatales son motociclistas.