Al encabezar una nueva reunión en Manhattan, el juez Thomas Griesa resolvió declarar a la Argentina en "desacato" por no cumplir el fallo del magistrado que obliga al pago de u$s1.330 millones a un grupo de acreedores que litigó contra el país así como por impulsar acciones que buscan esquivar la sentencia.
En ese sentido, el magistrado citó como ejemplo las solicitadas que publica el Gobierno, donde endureció su embate contra los denominados fondos buitre y el propio juez, y la Ley de Pago Soberano, aprobada por el Congreso, que cambia la sede del pago de la deuda a los bonistas del canje. Griesa consideró que la norma, que hoy entra a regir, es "ilegal" y no debe aplicarse.
Aún no trascendió si habrá una sanción económica ni cuál sería su monto. Según el estudio de abogados que representa al país, serían u$s18 millones al año. Los holdouts le habían pedido al juez que impusiera una multa de u$s50 mil por día de incumplimiento. Este pedido ya fue rechazado en al menos dos oportunidades por Griesa, aunque la audiencia de hoy será la primera convocada especialmente para tratar este tema.
Según supo Infobae, funcionarios del Ministerio de Economía iniciaron contactos con los letrados que participaron de la reunión para decidir los pasos a seguir.
Conocida la resolución de Griesa, a través de un comunicado, Cancillería dijo que la decisión del juez "viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos", y responsabilizó al gobierno de Barack Obama por la situación en la que quedó el país.
La misiva sostiene que esos instrumentos "establecen que los EEUU, como Estado, son el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial".
El argumento es idéntico al expresado en una nota enviada por la embajadora en los EEUU, Cecilia Nahón, al secretario de Estado, John Kerry, horas antes de la audiencia en Nueva York.
"La decisión del juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina", remarcó Cancillería.
El documento divulgado por el organismo oficial tras conocerse el fallo de Griesa finaliza asegurando que "el gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los EEUU que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países".
Por la noche, la presidente Cristina Kirchner reprodujo el comunicado en su cuenta de Twitter y se espera que hoy hable al respecto, en un acto, en Casa de Gobierno, donde no se descarta que sea por cadena nacional.
Reuters
Por otro lado, y pese a lo resuelto por Griesa, el Gobierno confirmó que depositará hoy en Buenos Aires el primer servicio de deuda al amparo de la Ley de Pago Soberano, por unos 170 millones de dólares en Bonos Par, de los cuales 16 millones corresponden a títulos con legislación nacional y 154 millones a papeles con jurisdicción Nueva York, europea y japonesa, según confirmaron fuentes oficiales.
El viernes, el Citigroup consiguió que Griesa le permita realizar el pago de los títulos nominados en dólares pero con legislación argentina, que para el caso de esta entidad equivale a unos 5 millones de dólares.
Horas antes de la audiencia en la que Griesa resolvió declarar a la Argentina en desacato, la embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, le envió una nota al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la que el Gobierno insistió en responsabilizar a la administración de Barack Obama por las decisiones de los jueces de ese país.
"Cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que puedan frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América", afirmó el escrito, fechado en Washington, y leído en el mediodía del lunes por el canciller Héctor Timerman.
El representante de la Asociación Civil Factor Vial, Franco Romanello, advirtió por LT10 sobre el alarmante incremento de la mortalidad en siniestros de tránsito, destacando que el 79% de las víctimas fatales son motociclistas.