Mientras los mellizos de Zavalla continúan desaparecidos, los abogados de los imputados en el caso pidieron ayer el alejamiento de las fiscales que llevan adelante la investigación, Marianela Luna y Lorena Aronne, a quienes les achacan "falta de objetividad" y porque no incluyeron en el expediente las consideraciones de un forense que puso en duda en embarazo de la madre. Las responsables de la investigación prefirieron no hacer declaraciones al respecto aunque trascendió que en el trascurso de esta semana realizarán su descargo por escrito.
El planteo fue presentado ante la Fiscalía Regional Segunda de Rosario, a cargo de Jorge Baclini, de la cual depende el Ministerio Público de la Acusación de Casilda, donde se sustancian las actuaciones para intentar esclarecer el caso.
El requerimiento de los letrados Fausto Irure y Germán Mahieu, quienes representan a los dos matrimonios casildenses incriminados, tiene como principal argumento que las fiscales no incluyeron en el expediente un informe donde el médico forense Carlos Alonso indica que Liliana Montenegro, la mujer que denunció haber sido despojada de sus hijos tras dar a luz el 13 de julio en un clínica de Casilda, pudo no haber estado embarazada.
"Sin objetividad". En diálogo con La Capital, Mahieu acusó a las fiscales de "pérdida total de la objetividad. La Fiscalía tiene la obligación de investigar objetivamente y descubrir lo que sucedió, no de acusar sin pruebas suficientes", manifestó.
El letrado recordó que "el jueves pasado nos constituimos en La Falda, Córdoba, para entrevistar a Carlos Alonso, y nos dijo que el 20 de agosto se había manifestado a las fiscales que no era viable que esta mujer estuviera enbarazada y que hubiera dado a luz. Pero ellas omitireron incorporar un material probatorio tan importante. Por eso denunciamos estos hechos primero ante el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, y hoy pedimos al fiscal regional que aparte de la causa" a Luna y Aronne.
Junta médica. El punto en cuestión hace foco una vez más en un tema controvertido pese a que una junta médica realizada en el Tribunal Superior Nº 1 de la ciudad de Córdoba corroboró el estado de gravidez de la mujer y su alumbramiento por vía vaginal, como dieron cuenta oportunamente las fiscales al recibir los resultados de las pericias.
Sin embargo, los abogados pusieron en duda la rigurosidad científica del trabajo y pidieron una ampliación, a la que las fiscales hicieron lugar, aunque limitada a la cuestión ginecológica. Los letrados insisten con las sospechas en torno al embarazo (ver página 16). Y más ahora, que indican como principal fundamento para el pedido de apartamiento que las fiscales no incorporaron al expediente un estudio que contradice que la denunciante haya estado embarazada.
“No hubo evaluación”. La Capital intentó conocer la opinión de Luna y Aronne, pero se excusaron de hacer consideraciones. No obstante, fuentes inobjetables indicaron a este diario que “no existe en el legajo fiscal ningún informe (del forense) Alonso porque el profesional no intervino en ninguna evaluación médica realizada a Montenegro, razón por la cual no sólo no examinó a la mujer, sino que tampoco tuvo en su poder documentación aportada por Fiscalía para hacer algún análisis al respecto”.
Sí hubo una reunión entre el médico y las fiscales, a pedido de éste, donde emitió su opinión respecto del caso (ver aparte).
Y en este contexto, las mismas fuentes consultadas fueron aún más directas al sostener que “es imposible que (este médico) pueda aseverar o no la existencia del embarazo (o el parto) sin haber examinado a la denunciante ni contar con documentación”. Y por ese motivo tales consideraciones no fueron incorporadas al expediente del caso.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la carnicería en la que trabajaban. El hombre resultó intoxicado.