Amado Boudou fue procesado por el juez Ariel Lijo porque, según su investigación, el vicepresidente se quedó con la imprenta Ciccone a través de la firma The Old Fund. Esa sociedad, sin experiencia ni empleados, obtuvo un pago de 7,6 millones de pesos por asesorar a la provincia de Formosa en su reestructuración de deuda con el estado nacional. Esta se concretó luego de que Boudou, cuando era ministro de Economía de la Nación, firmara una Addenda al acuerdo originario. Lijo consideró, cuando procesó al ex ministro por el Caso Ciccone, que el negocio de Formosa fue el primero que hizo la sociedad The Old Fund.
En 2009, cuando Carlos Fernández era el ministro de Economía de la Nación, se firmó un acuerdo con Formosa. En julio de 2009 Boudou llegó al ministerio y en septiembre de ese año la provincia firmó un convenio con The Old Fund por el asesoramiento. Ya con Boudou como ministro en marzo de 2010, se firmó una Addenda al acuerdo. El gobierno de Formosa utilizó al Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) para el pago de la factura número 3 del talonario de The Old Fund. Esa factura -la primera ya que las anteriores fueron anuladas- fue emitida el 20 de mayo de 2010. Fue Jorge Melchor, quien encabeza el Fonfipro, el funcionario que hizo, el 21 de mayo, la retención de 156 mil pesos de impuesto a las ganancias por aquella operación. Ese mismo día The Old Fund cobró los 7,6 millones de pesos.
Mediante el decreto 477 del 24 de junio de 2010 al que accedió Infobae de fuentes vinculadas al caso, Insfrán ratificó todo lo hecho tanto por Melchor como por Beatriz Lotto de Vecchietti, ex ministra de Economía de Formosa y actual diputada nacional. Fue el gobernador quien, un mes después de haber abonado los 7,6 millones de pago, a través de ese decreto se adjudicó la responsabilidad política por el manejo de la negociación y el consecuente pago por asesoramiento.
El caso, que ante las sospechas de un negociado fue cerrado con suma velocidad por la Justicia formoseña, está abierto en un juzgado federal porteño. El juez Sebastián Casanello avanza en la investigación de posible delito junto al fiscal Carlos Rívolo.
El decreto 477 firmado por Insfrán explica el porqué de la negociación de la deuda pero no el porqué de la millonaria cifra pagada a una empresa sin antecedentes. Insfrán, que está al frente de la provincia desde 1995, se refirió en el decreto a las "severas crisis internas y externas" que se dieron en las "últimas décadas" y que produjeron "problemas con implicancias en los órdenes monetario, económico, fiscal y político" que "distorsionaron las variables macroeconómicas", lo que terminó en una complicación "del endeudamiento provincial que desencadenó una carga de alto compromiso de recursos para cubrir los servicios de la deuda en tales circunstancias".
Se trata del Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad de Santa Fe, vinculado al dirigente social Luciano “Chano” Rossi. Los fondos asignados por el Estado provincial, que debían ser destinados a la compra de alimentos para el comedor comunitario, aparecen como utilizados en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.