Por el déficit fiscal esperado de aquí a fin de año, los vencimientos de deuda en pesos y sin posibilidades de tomar deuda “en los mercados”, el Banco Central deberá asistir al Gobierno vía emisión monetaria en otros $ 130.000 millones. Por eso, se espera que lejos de desacelerarse, se amplíen las presiones inflacionarias y de depreciación del peso.
Según Maximiliano Castillo, de la consultora ACM, “la estacionalidad propia de las cuentas públicas, que concentran sus mayores necesidades de fondos en la segunda mitad del año, justifica que el impacto monetario se concentre mayormente de acá a fin de año.” En ACM ven que “para los próximos meses prevemos que el financiamiento total del BCRA al Tesoro sume $ 170.700 millones, 82% del financiamiento esperado para todo el año. La creciente presión del Tesoro sobre la política monetaria ya se reflejó sobre la evolución de la base monetaria”.
Castillo evalúa que “la expansión por las operaciones del sector público ya sumó $ 43.358 millones (1,1% del PBI) y se espera para lo que resta del año un adicional de expansión monetaria de $ 129 mil millones (3,2% del PBI)”.
Las cifras fiscales de junio – con 291% de incremento del déficit – llevaron a que los especialistas revisaran en forma más adversa las proyecciones para los próximos meses. Es que entre enero y junio de este año, excluyendo transferencias del Central y ANSeS, el rojo fiscal trepó a $ 90.000 millones.
De ahí que se espere un déficit mayor para la segunda mitad del año, lo que elevaría a más de $ 200.000 millones el desequilibrio de las cuentas públicas este año. Incluso podría ser aún mayor porque, por la recesión, descontada la inflación, la recaudación se está desacelerando, mientras por el lado del gasto los intereses, los subsidios y los pagos de sueldos, jubilaciones y prestaciones sociales (con aumentos en septiembre) ya están comprometidos.
En tanto, y de no mediar algún nuevo cortocircuito con los pagos de la deuda en moneda extranjera, las reservas del Banco Central podrían caer en el año unos 4.000 millones de dólares.
Por su parte la fuerte emisión de los últimos meses, llevó al Banco Central a absorber pesos, emitiendo deuda (Lebac/Nobac) a tasas cercanas al 30% por más de $ 100.000 millones. Ahora (al 7 de agosto) totalizaba $ 216.000 millones.
A su vez, según el ex Secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, “para la segunda mitad del año cabe esperar un deterioro en el resultado fiscal, producto de la desaceleración del aumento de los recursos, por el contexto recesivo que tiende a agudizarse, y el efecto pleno de las paritarias. El salto inflacionario de fines de 2013 y principios de 2014 provocó un aumento de la recaudación de Ingresos Brutos, IVA, Ganancias y otros impuestos, mientras que los gastos salariales se ajustan de manera escalonada a partir de marzo y abril, por lo que tienen mayor impacto en el segundo semestre. Cabe agregar que las provincias no cuentan con los mecanismos de financiamiento, inadecuados por cierto, que tiene el Tesoro Nacional vía emisión y reservas del Banco Central. Además, la impericia de las autoridades en la disputa con los “fondos buitre” derrumbó las expectativas de que pudieran acceder al financiamiento internacional, luego del oneroso acuerdo con el Club de París”.
Para Sarghini, “ la contrapartida, con excepción de pocas provincias, es el déficit en la prestación de servicios, que requieren no sólo de empleados provinciales, vaya si los hay, sino también de inversión y compras de bienes de consumo. Por ejemplo, en los primeros meses del año la provincia de Buenos Aires, que influye de manera determinante en el conjunto y expresa lo que sucede en la mayoría, gastó en bienes para el sistema educativo, menos de 700 pesos por escuela y por mes. En Seguridad el panorama no es mejor: el gasto en bienes de consumo, que incluye entre otras cosas, nafta, neumáticos y repuestos para patrulleros, ha sido de apenas un peso por mes y por habitante. Los comedores escolares han reducido en un 30% la cantidad de raciones; las cárceles se encuentran con insuficientes fondos para abastecerse adecuadamente de comida e insumos, y los proveedores deben aceptar títulos públicos ante las demoras en pagarles”.
Se trata del Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad de Santa Fe, vinculado al dirigente social Luciano “Chano” Rossi. Los fondos asignados por el Estado provincial, que debían ser destinados a la compra de alimentos para el comedor comunitario, aparecen como utilizados en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.