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 La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) pusieron de manifiesto su preocupación por el contenido del proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento recientemente enviado al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de la Nación.

"El articulado del referido proyecto evidencia un marcado espíritu intervencionista que, de convertirse en ley, afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada", apuntó IDEA.
A través de un comunicado, criticó "las facultades que el proyecto otorga a la Autoridad de Aplicación para que pueda establecer en cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad; disponer la continuidad en la producción y/o prestación de servicios dentro de los niveles o cuotas mínimas que decidiere; proceder al secuestro de sus libros, documentos y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; multas millonarias como así también la posibilidad de disponer la clausura del establecimiento".

"Medidas de esta índole no sólo resultan contrarias a derecho sino que en nada ayudan a generar un buen clima de negocios, condición básica necesaria para promover inversiones y más fuentes de trabajo en beneficio de la ciudadanía toda", expresó la entidad empresaria", agregó IDEA.

En ese aspecto, el foro empresario exhortó "a los legisladores tengan a bien abrir un amplio proceso de debate previo en el que la sociedad toda pueda ser partícipe del análisis de una materia tan importante y sensible para el desarrollo de nuestra economía".

Por su parte, AEA señaló que el proyecto oficialista es "inoportuno" y "constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad, y a "ejercer toda industria lícita" garantizados por la Constitución.

En un comunicado, esa asociación consideró que con las modificaciones a la ley se generará "un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo". Apuntaron además contra el Poder Ejecutivo por querer "intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de todas las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina".