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Habrá un ambiente espeso, como pocas veces antes se ha visto, y una tensión inédita entre todos: el juez, los demandantes, los representantes de la Argentina y todos los demás que quedaron envueltos en la saga de la deuda pública argentina en los tribunales de Estados Unidos.

El juez Thomas Griesa convocó a una nueva audiencia en su despacho neoyorquino, que se realizará hoy a las 16 hora de la Argentina. Ayer por la tarde, el juez firmó una orden con el llamado para discutir "las declaraciones realizadas recientemente por la República Argentina".

En la última audiencia, el viernes pasado, Griesa había mostrado su molestia por la retórica oficial, en particular, por el mensaje del Gobierno de que había cumplido con sus obligaciones de la deuda, al depositar los últimos pagos, a fines de junio, en las cuentas del Bank of New York (BoNY) en el Banco Central de Buenos Aires. Sus sentencias, remarcó el juez, también eran obligaciones.

"Tiene que parar", dijo el juez, sobre ese mensaje, y hasta instruyó a los abogados que representan al país para que aconsejaran al Gobierno.

Eso no ocurrió. El Gobierno mantuvo su postura, intimó a los bancos a que transfieran los fondos de la deuda a los acreedores, publicó solicitadas ayer en los diarios de Buenos Aires y de Nueva York para alentar a los bonistas que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010 a que hicieran valer sus derechos en los tribunales y mantuvo sus críticas a Griesa. La Presidenta Cristina Kirchner tildó al juez federal de "juez municipal".

La convocatoria de Griesa se conoció, además, unas horas después de que se supiera que la Argentina presentara una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusando a Washington de violar la "inmunidad soberana" del país a raíz de la sentencia de pago a favor de los llamados fondos buitre.

La audiencia de hoy servirá para marcar la nueva etapa en la cual ingresó la larga pelea de la Argentina con NML y Aurelius Capital, mucho más politizada. A poco más de una semana del "default selectivo", la expectativa que existía antes de llegar a un acuerdo con los demandantes que permitiera encaminar una negociación ha sido reemplazada por las amenazas de nuevos litigios y un recrudecimiento de los enfrentamientos de esta saga.

El diálogo con el special master (el mediador designado por Griesa), Daniel Pollack, quedó cortado luego de que la Argentina lo desautorizara y el juez lo confirmara con un fuerte respaldo. No es desatinado esperar, en este contexto, que Griesa declare a la Argentina en desacato.

La audiencia llegará además en el albor de una nueva pelea. La orden de Griesa que congela los 539 millones de dólares depositados en la cuenta del BoNY en el Banco Central generó un cruce entre los bonistas europeos y esa entidad.

El grupo Euro Bondholders había advertido, el lunes por la noche, en una carta, que esa orden, firmada anteayer por Griesa, ofrece "una manta de exculpación" para inmunizar al banco. La carta insistía en que los bonistas querían el dinero, y afirmaba que, de no recibirlo, el BoNY iba a quedar "expuesto a responsabilidades en tribunales extranjeros".

El BoNY respondió anteayer, en otra carta firmada por uno de sus abogados, Eric A. Schaffer. El reclamo de los bonistas europeos carecía de mérito, indicó la entidad, y, además, ellos también habían aceptado la retención de los fondos.

"El tribunal no debe recompensar a los tenedores de bonos en euros por amenazar con presentar demandas en tribunales extranjeros con el expreso propósito de deshacer los mandatos judiciales de éste tribunal", sostiene la misiva.

La respuesta de los europeos llegó un rato después, en otra carta. Christopher Clark, representante del grupo, negó el consentimiento con la retención de fondos, reiteró su rechazo a la protección dada al BoNY y enfatizó algo que habían dicho en la carta previa: "Continuamos creyendo que este tribunal debería ordernarle al BoNY que transfiera esos fondos a los bonistas".