La Fundación Madres de Plaza de Mayo volvió a quedar en la mira por un manejo al menos sospechoso de sus fondos. Tras el escándalo del caso Sueños Compartidos, la organización resolvió dejar la gestión de sus finanzas en manos de un fideicomiso, una suerte de atajo para sortear los numerosos pedidos de embargo que sufrió tras su desfalco económico. A cargo de la administración quedó Luis Debandi, un ingeniero mendocino de aceitados contactos con el gobierno nacional. Ahora, más de dos años después de la firma de su contrato, trascendió que se lleva el equivalente al 16% de los ingresos de la fundación.
Eso implica que el encargado de sanear las finanzas de la entidad de Derechos Humanos se lleva unos $150.000 por mes, una cifra exorbitante para los honorarios que suelen pagarse en organizaciones sin fines de lucro.
El fideicomiso fue creado el 24 de agosto de 2011 bajo el nombre "Ni un paso atrás". Debaldi fue designado su administrador con unos honorarios equivalentes al 1% más IVA del total de los ingresos de la fundación. Pero seis meses más tarde, las partes firmaron un nuevo contrato en el que se establece que el mendocino cobrará como sueldo el 16% de los ingresos. Ambos papeles llevan la firma de la titular de la entidad, Hebe de Bonafini, según la documentación publicada por el diario La Nación.
El contrato también establece que la Fundación renuncia a reclamarle a Debaldi indemnización o compensación de cualquier tipo por daños o reclamos relacionados con sus funciones. También se compromete a indemnizarlo en caso de cualquier reclamo, así como el pago de gastos por asesoramiento legal.
En mayo de 2011, cuando estalló el caso Sueños Compartidos por la pelea entre Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schocklender, el Ministerio de Planificación Federal cortó el envío de fondos para las viviendas que la organización se encargaba de fabricar. Los embargos empezaron a caer por la falta de pago a distintos proveedores y empleados. Para poder seguir cobrando los ingresos por la venta de paneles premoldeados para construir casas, de la Universidad de las Madres y de la radio de esa misma entidad, constituyeron el fideicomiso dirigido por Debandi.
La idea, según el matutino, fue acercada al gobierno nacional por el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez y los hermanos mendocinos Raúl y Alejandro Olmos. Bajo la gestión del fideicomiso, el personal de la fundación fue reducido de 5.800 personas a apenas 200 operarios.
Desde ese momento, la secretaría general de la Presidencia ya realizó dos auditorías sobre la fundación. Según aseguraron fuentes de la entidad de DDHH a La Nación, en ambos casos no se detectaron irregularidades de ningún tipo.
Tras salir de Vélez, el futuro del extremo vuelve a ser una incógnita. Sin embargo, el Rojiblanco cuenta con una cláusula que lo protege en caso que el club brasileño opte por desafectarlo, ya que está suspendido por la FIFA