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 Continuará tras las rejas el suboficial de policía que este martes quedó detenido tras haber cobrado una coima de $ 4.000 a una persona, supuestamente involucrada en la venta de un auto robado. Así lo determinó el juez penal Jorge Patrizi, quien esta mañana dictó la prisión preventiva para el numerario que se desempeñaba en la seccional 10ª.

La medida privativa de la libertad recae contra Leonardo Ezequiel Olivares, a quien esta mañana la fiscal Rosana Marcolín lo acusó por los supuestos delitos de “extorsión en grado de tentativa”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsificación ideológica de instrumento público” en calidad de autor.

La causa se inició el jueves 10 de julio, cuando la mujer de la víctima recibió una citación policial para su esposo, que ignorando de qué se trataba se dirigió a la comisaría. Una vez en la dependencia policial le informaron que como había sido convocado en tres oportunidades y no acudió a ninguna, un fiscal había librado pedido de captura. La acusación era por la supuesta venta de un auto robado y para “salvarlo” de semejante acusación le solicitaron $ 40.000.

La cifra exagerada terminó convirtiéndose en los $ 4.000 fotocopiados que el personal de la Dirección de Asuntos Internos se encargó de entregar al denunciante y que luego fueron recuperados, cuando atraparon a Olivares en una entrega controlada.

“Por pura avaricia”

En la audiencia de esta mañana, la fiscal Marcolín dijo que “se han cubierto todos los requisitos legales para sostener la medida” privativa de la libertad. No sólo porque los hechos se encuentran acreditados mediante filmaciones y secuestro de los billetes marcados y mensajes de texto; sino que además aventuró una pena en expectativa de prisión efectiva en caso de que fuera condenado.

Pero lo más importante, según coincidió en sus fundamentos el juez Patrizi, fue el hecho de que “empleó el poder que le otorgó el Estado para cometer n delito”, dijo la fiscal.

Además, recordó que “su trabajo consiste en hacer cumplir la ley” y que no lo hizo por necesidad sino “por pura avaricia”.

Por su parte, el abogado Daniel Rocca se opuso a la medida de coerción personal contra Olivares y en su lugar propuso a dos miembros de la familia, también policías, como posibles guardadores en un régimen de libertad controlada. Sin embargo, el hecho de que ambos cumplieran funciones en la misma seccional que ahora está siendo investigada no inspiró suficiente confianza en el magistrado, que rechazó la propuesta.

Riesgo de fuga

Una vez expuestos los argumentos de ambas partes, el juez Patrizi realizó un repaso completo de los hechos y brindó los fundamentos de por qué Olivares debía continuar privado de la libertad. Y aunque reconoció que “en este caso no hay peligro de entorpecimiento probatorio”, sí “puede haber un riesgo de fuga”.

Sobre el punto citó un fallo de la Corte Nacional en el cual se analizó una cuestión de similares características en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. “Dentro o fuera de la fuerza puede tener conexiones que hacen que pueda evadirse en caso de ser condenado”, dijo.

Cabe destacar que el imputado lleva 15 años dentro de la estructura policial, forma parte de una familia vinculada a la fuerza y aunque no cuenta con antecedentes penales condenatorios, tiene al menos cinco expedientes administrativos por denuncias de terceros en Asuntos Internos.

Seguir investigando

Al término de la audiencia, la fiscal Rosana Marcolín consideró “correcta” y “justa” la resolución del juez Jorge Patrizi, porque “se trata de delitos graves” que involucran a “la propia policía, que es la responsable de custodiar el cumplimiento de la ley”.

La representante del Ministerio Público de la Acusación destacó “las circunstancias particulares del imputado, que por su profesión y sus vinculaciones pueden hacer que se entorpezca la investigación”. Porque “no es correcto decir que ya está la prueba toda reunida, queda mucho por investigar, y saber quiénes son los otros partícipes”, por ende “la libertad de esa persona podría influir en el resultado final de la investigación sobre todo de los otros partícipes”.

Consultada sobre posibles cómplices, Marcolín reconoció que “no los tenemos identificados todavía” y aclaró: “estamos a muy pocas horas de que se haya hecho el procedimiento de la entrega controlada”.

Por último se refirió a la condición personal del policía que si bien “no tiene antecedentes penales”, “desde mi punto de vista el hecho de que tenga numerosas denuncias por hechos considerados graves, entiendo que hacen a la calidad moral del imputado”.