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El juez Sebastián Casanello determinó que Ricardo Jaime cometió una malversación de caudales cuando utilizó dos autos que estaban afectados al Estado para su uso particular.

Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, fue indagado por Casanello debido a que se descubrió que mientras fue funcionario usó para sí dos autos que estaban destinados a controlar una ruta con peaje y una obra ferroviaria.

Junto a Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), declararon en indagatoria en diciembre pasado por el uso privado de autos públicos.

Ambos ex funcionarios llegaron a indagatoria porque Jaime usaba para su beneficio -tal es la acusación del fiscal Carlos Rívolo- un auto que había recibido el Occovi de parte de una empresa privada para que se inspeccionara la concesión de una ruta con peaje. El ex secretario de Transporte, se comprobó en la causa, pagaba el sueldo de un chofer que manejaba el auto que le dio Occovi y además la cochera cercana a su casa donde lo guardaba.

Jaime también tiene en su haber -uno más de tantos casos de corrupción- la acusación por el uso particular de otro auto que una empresa privada, adjudicataria de una licitación de una construcción en el área de Transporte, había entregado al Estado para que se controlara la marcha de las obras. Pero lo usó para, por ejemplo, ir a la casa de fin de semana que –según se comprobó en otro caso de corrupción- le regaló un empresario al que debía controlar.

Rívolo había pedido que Jaime y Uberti fueran procesados por el delito de peculado. Que según el artículo 261 del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

Pero Casanello determinó que los dos ex funcionarios cometieron el delito de malversación. El artículo 260 del Código Penal que pena ese delito establece que "será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída."

Casanello decidió que el delito encuadra en la malversación. Ya que, sostiene, no se demostró que los autos fueran sustraídos como sostuvo el fiscal sino que fueron utilizados de una forma diferente a la que originariamente tenían.

El cambio de calificación puede modificar notablemente la situación judicial de Jaime y Uberti. Con lo decidido por Casanello la causa podría prescribir -porque la pena por malversación es menor y han pasado varios años desde que comenzó a investigarse la causa- y con ello ambos ex funcionarios quedarían aliviados. Pero el juez no ha firmado la prescripción. Solo ha calificado de manera diferente el delito investigado. Seguramente el fiscal Rívolo apelará la decisión de Casanello de considerar el delito como malversación y será la Sala I de la Cámara Federal la que resuelva la situación de Jaime y Uberti. Dos hombres que integraron el primer kirchnerismo que debieron alejarse de sus cargos por sospechas de corrupción. Uberti por haber sido el jefe de la delegación argentina que llegó desde Venezuela en un avión con la valija llena de dólares de Alejandro Antonini Wilson. Jaime porque tiene en su haber una veintena de causas abiertas, una condena, y varios procesamientos confirmados por diferentes negociados hechos al amparo del cargo que ostentaba.