El país recibió más apoyos internacionales en el llamado "Juicio del Siglo" contra los fondos buitre. Desde el G-77 más China, pasando por la CEPAL, Cuba, Ecuador y un prestigioso columnista económico expresaron su postura a favor de la Argentina en la disputa legal que mantiene contra los fondos buitre en Nueva York. Las declaraciones llegan cuando el juez Griesa suspendió el pago de los bonos reestructurados hasta que no se negocie con los holdouts.
El G-77 más China envió una carta al juez de Nueva York, Thomas Griesa y al secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en la que señaló su "plena solidaridad y apoyo" al país. El presidente del G-77 y firmante de la carta, el boliviano Sacha Llorenti, escribió que el Grupo "resalta su preocupación sobre las serias consecuencias de la sentencia, que van más allá de Argentina y que podrían afectar a cualquier país enfrentando situaciones similares".
Otra que salió a dar su apoyo a la Argentina en este litigio que comenzó en 2008 fue la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. "La crisis financiera global y la crisis de la eurozona volvieron a poner de relieve las inconsistencias tanto en relación al sistema monetario internacional como con el poder desmesurado que adquiere el mundo de la finanzas por sobre el del trabajo y la producción", advirtió.
Desde la prensa oficial de la isla, el ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba advirtió que "Argentina ha sido puesta al borde de una inédita crisis de deuda soberana" por los fallos adversos en la justicia de Nueva York y el rechazo de la Corte Suprema de EE.UU. de tomar el caso. Dicha crisis, afirmó, es incluso "superior a la de 2001".
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también se sumó a la ola de apoyos. Desde su cuenta en la red social Twitter, escribió: "Toda nuestra solidaridad con Argentina y contra el bárbaro atropello a su soberanía. ¡Los pueblos antes que los buitres!".
Por último, el columnista de los diarios New York Times, The Guardian y Folha de Sao Paulo, Mark Weisbrot, escribió en un reciente artículo que la decisión de la justicia norteamericana "limita severamente la capacidad de acreedores y deudores para llegar a un acuerdo ordenado en caso de crisis de deuda soberana".
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