El gobierno de Daniel Scioli dio hoy marcha atrás con la clausura de calabozos policiales para albergar detenidos, que había resuelto por malas condiciones edilicias y razones humanitarias en 2011 y 2012, y decretó la reapertura, previa "rehabilitación" y "reacondicionamiento".
La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, recordó que el cierre de los calabozos "se había fundamentado en la celeridad necesaria para concretar los mecanismos de traspaso de detenidos alojados en comisarías al ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense".
Mientras tanto, acotó, se aceleraba la construcción de las alcaidías "para destinarlas al alojamiento exclusivo de detenidos cuya situación procesal resulta previa a prisión preventiva".
Sin embargo, admitió, aquella decisión "ha impactado en forma negativa respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos de aquellos que se encuentran actualmente habilitados".
Por lo que "en esta dinámica, por razones de celeridad, y mientras se gestionan los cupos pertinentes dentro del sistema penitenciario provincial, resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales", agregó.
"Resulta oportuno y conveniente disponer la rehabilitación de la totalidad de los calabozos de las dependencias policiales que hayan sido clausurados por las referidas resoluciones ministeriales, sin intervención judicial", dispuso.
Añadió que "previamente se deberán realizar las tareas de reacondicionamiento necesarias para la adecuada protección y amparo de los derechos de las personas alojadas" así como hacer un relevamiento y evaluación de los calabozos (...) para "asegurar protección y garantía de los derechos humanos".
En ese sentido, el decreto "autoriza el alojamiento transitorio en dichas dependencias respecto de quienes se disponga su detención o aprehensión a partir de la finalización de las obras de readecuación de cada dependencia".
La medida desató críticas y cuestionamientos de organismos de defensa de derechos humanos.
El intendente capitalino asumió la responsabilidad institucional tras confirmarse que el acusado trabajaba en el municipio.