El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, encabezará este martes la reunión de su gabinete en la ciudad de San Javier. Del encuentro, que se realiza periódicamente, participarán todos los funcionarios de la cartera, buscando de este modo cumplir con el principio de regionalización que acerca la gestión a la ciudadanía.
La agenda de actividades comenzará esta tarde con una jornada sobre la Nueva Justicia Penal implementada el 10 de febrero de 2014. La actividad estará encabezada por el ministro Juan Lewis, y contará con la presencia del director provincial del área, Rafael Martínez, y de la fiscal de San Javier, Rosana Marcolín.
Para el día martes, entre otras actividades, está previsto recorrer dependencias provinciales, una audiencia con abogados de la localidad, y una reunión con el Intendente Mario Migno y el senador, José Baucero.
Asimismo, en el marco de la Ley 13151, el ministro de Justicia y Derechos Humanos habilitará el Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria cuya oficina funcionará Independencia 2037 de esa ciudad, con cinco mediadores. De aplicación progresiva, la mediación comenzó a regir por primera vez en territorio santafesino el 29 de noviembre de 2011, enmarcada en las políticas de transformación de los sistemas judiciales y de la profundización de una forma alternativa de resolver conflictos.
El Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria funciona con éxito en los Nodos Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela y en 17 localidades: San Javier, Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, San Carlos Centro, Coronda, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Las Rosas, Esperanza, Venado Tuerto, Rufino, Firmat, Melincué, Cañada de Gómez, Casilda y Rafaela.
POLÍTICA DE CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA
Este tipo de visitas se dan en el marco de una política de Estado de cercanía con la ciudadanía, y se vienen celebrando desde principios de 2012 en distintos puntos de la provincia.
La cartera de Justicia y Derechos Humanos fue creada en 2007 y tiene como metas primordiales el diseño de políticas para mejorar el servicio de justicia, así como garantizar que todos los habitantes accedan a él, y asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.
El intendente capitalino asumió la responsabilidad institucional tras confirmarse que el acusado trabajaba en el municipio.