La investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ministro de Salud, Juan Manzur, no está definitivamente cerrada. Tras el sobreseimiento que le dictó la Justicia de Tucumán, donde se lo investiga, un fiscal apeló y pidió que se tengan en cuenta los últimos años en donde el funcionario pudo haberse enriquecido de manera ilegal.
La semana pasada se conoció que el juez federal de Tucumán Daniel Bejas sobreseyó a Manzur en la causa que tenía en su contra desde 2010. Este jueves el fiscal Carlos Brito interpuso una apelación ante la Cámara Federal, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
Según la denuncia hecha por el peronista disidente Oscar López, en 2003 Manzur habría declarado un patrimonio de 370.000 pesos y en 2012 se sospecha que incrementó el mismo en más de nueve millones. Entre los bienes sospechados están varios vehículos, viviendas en distintas partes, cuentas bancarias y participación empresaria; y si bien originalmente era por el período 2009-2010, luego se extendió por 2011 y 2012.
En la apelación, el fiscal cuestionó que el juez sólo acotó el período de la investigación a los años 2009-2010 y no a 2011-2012. Señaló además que Bejas tomó la decisión de sobreseerlo a Manzur, "olvidándose por una parte, que el incremento patrimonial a que hacen referencia las ampliaciones de las denuncias y la de los requerimientos fiscales de instrucción observados, podrían tratarse de un enriquecimiento acaecido en esos y otros años subsiguientes".
Si bien el fiscal tuvo en cuenta que originalmente se investigaban los años 2009-2010, aclaró que "no existe impedimento para investigar nuevos períodos posteriores a fin de determinar si esos hechos quedarían aprehendidos en algún tipo penal".
Brito incluso acusó al juez que no hacer lugar a los requerimientos de pedidos de la fiscalía en ampliar el período de tiempo se "está obstaculizando la posibilidad de llegar a la verdad real o material del presunto acontecer histórico".
"No ordenó siquiera una medida de prueba tendiente a investigar los hechos cometidos en su circunscripción judicial, la que en este caso fue impulsada por las propuestas de la fiscalía y el denunciante", remató el fiscal en el recurso.
En 2012, un peritaje hecho por Héctor Roccatagliata, contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que el patrimonio de Manzur estaba justificado. Tras ello su defensa pugnó por el sobreseimiento, lo que consiguió.
Entre los bienes que se sospecha en manos de Manzur la investigación también apunta a determinar quiénes son los dueños de la aceitera "Mercoplas S.A.", ahora denominada como "Grupo Baio", ubicada en Rawson, provincia de San Juan. La misma no fue incluida en la declaración jurada que el ministro presentó ante la Oficina Anticorrupción.
Otra de las empresas que se investigaba qué participación accionaria tiene Manzur es en la empresa "Tío Yamil", dedicada a la producción olivícola. La misma está valuada en 2,1 millones de pesos y Manzur consignó en su declaración jurada de 2012 ante la Oficina Anticorrupción tener participación accionaria, aunque no especificó cuanta.
El intendente capitalino asumió la responsabilidad institucional tras confirmarse que el acusado trabajaba en el municipio.