El subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, es uno de los funcionarios más sospechados por hechos de corrupción del Gobierno. Además de tener que explicar cómo fue que su patrimonio creció de manera exponencial desde 2003, cuando ingresó a la función pública, tendrá que defenderse de otras acusaciones.
Liuzzi fue denunciado hace poco por el abogado Ricardo Monner Sans, quien a raíz de una nota publicada por el diario Clarín se presentó ante la Justicia pidiendo que se lo investigue por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
Ahora, la Sala I de la Cámara Federal reactivó la causa judicial que investiga los contratos millonarios de su cartera con la consultora Adconsa, cuyo titular, Gustavo Benvenuto, sería un íntimo amigo de Liuzzi.
Según el informe periodístico, que pasó a formar parte de la causa judicial, Liuzzi estaría detrás de la Administradora de Conocimientos (Adconsa), y la misma adquirió contratos millonarios que alcanzan los 29 millones de pesos por trabajos para la Secretaría Legal y Técnica, en el Boletín Oficial, la Dirección de Administración de Sistemas (DASI) y la Dirección General de Administración (DGA).
A partir de ese informe periodístico, Monner Sans lo denunció ante la Justicia, y la causa cayó en el juzgado a cargo de Norberto Oyarbide. Pero éste decidió excusarse a raíz de que a ambos los involucra otra investigación judicial en marcha.
El 19 de diciembre pasado, y por orden de Oyarbide, se hicieron 20 allanamientos en una causa por lavado de dinero, uno de los cuales fue en Propyme, del financista Guillermo Greppi. El empresario denunció que los policías que hicieron el operativo le pidieron un soborno de 300 mil dólares, y aseguraban actuar bajo órdenes del juzgado.
Luego fue el propio Oyarbide quien explicó que frenó el allanamiento tras recibir un llamado de Liuzzi, quien lo puso sobre aviso de la situación. Por ese hecho es que tanto el juez como el funcionario son investigados en un expediente a cargo de Luis Rodríguez.
Oyarbide se había excusado porque adujo que investigó al funcionario y archivó otra causa por negociaciones incompatibles con la función pública en 2012. Así, la denuncia de Monner Sans se sorteó y quedó en poder del juez Julián Ercolini.
Como Ercolini tampoco quiso tomar el caso, la Cámara Federal ayer decidió que éste último deberá investigar a Liuzzi. Según publicó en su edición de hoy el diario Clarín, el magistrado ya le envió la causa al fiscal Eduardo Taiano.
La masa salarial de Liuzzi se elevó de 14,5 millones de pesos a 153,7 millones en la actualidad, lo que representa un aumento del 960 por ciento.
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