La frase de Lasalvia no refiere en este caso a su pérdida, sino a que un nuevo error administrativo del Poder Judicial de esa provincia volvió a demorar una sentencia firme en la causa que tiene como único imputado al chofer del micro que trasladaba por la Ruta Nacional 11 a alumnos y docentes del colegio porteño Ecos. Además de Justine, allí murieron otros ocho estudiantes, una maestra, y el chofer y acompañante del camión contra el que chocó ese micro.
La causa ya tuvo tres sentencias.
En la primera, Oscar Atamañuk resultó absuelto por el juez correccional de Reconquista, Jorge Galbusera, decisión luego revocada en la Cámara de Apelaciones. El segundo fallo corrió por cuenta del juez de Instrucción Virgilio Palud, quien condenó al chofer a tres años de prisión y lo inhabilitó para manejar durante siete años. Esa sentencia fue declarada nula por la Cámara Penal de Rafaela porque el juez no había realizado la audiencia de conocimiento con el imputado. Francisco Peralta, abogado de Atamañuk, pidió la prescripción de la causa, la justicia se negó, y la causa volvió a foja cero. En el tercer fallo, a cargo del juez en lo Penal de Reconquista Jorge Fernández, en julio del año pasado el chofer fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, inhabilitación para conducir durante cinco años, y la obligación de realizar tareas comunitarias, por el delito de "homicidio y lesiones culposas en concurso ideal", lo cual resta ser confirmado o no en una instancia superior.
La defensa de Atamañuk apeló la decisión y la causa cayó en la Cámara de Apelaciones del departamento judicial de Vera. "Como ahí ya se habían pronunciado en otra instancia, no pueden volver a hacerlo. Por eso, ellos realizaron los trámites y, a comienzos de este año, los enviaron a Rafaela para que se defina la cuestión de fondo", le explicó a Tiempo Argentino Marcelo Parrilli, abogado de familiares de algunas de las víctimas, y advirtió: "Lo que nos enteramos ahora es que en Vera se comieron un paso formal, entonces Rafaela devolvió el expediente para que se completara ese trámite. O sea, se vuelve a demorar la sentencia". Al tratarse de un caso que lleva tantos años, el juicio se guía por el antiguo Código Procesal Penal de Santa Fe, lo cual implica que el procedimiento sea escrito y que no exista la figura del querellante: la defensa la hacen los fiscales. Esto deriva en que a los familiares de víctimas les resulte difícil estar al tanto de las novedades. "Nos enteramos el lunes porque insistimos en llamar. Es una escena constante: preguntar sin recibir respuestas. Si no estamos atrás, esto no va a ningún lado. La causa está en un limbo", describe Lasalvia, cada vez más desesperanzado, y subraya que "lo más importante es que Atamañuk sea inhabilitado para manejar, para que esto no vuelva a ocurrir".
La tragedia fue el 8 de octubre de 2006 en el norte de Santa Fe. Alumnos de segundo y tercer año volvían a Buenos Aires tras llevar donaciones a una escuela rural. El micro que los trasladaba chocó de frente contra un camión manejado por un conductor ebrio, pero Atamañuk también fue considerado responsable porque iba a una velocidad superior a la que debía y la maniobra que hizo habría contribuido al desenlace fatal.
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