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 En la conferencia de prensa que, como cada día, dio en Casa Rosada, destacó además el hecho de que Boudou se haya "presentado espontáneamente" ante el juez federal Ariel Lijo, luego de que el fiscal Jorge di Lello solicitara su citación para que preste declaración indagatoria.

Pese a que todavía no hay acuerdo y la cuenta regresiva para el comienzo de clases ya empezó, Capitanich destacó también como un hecho positivo el que aún se mantenga el diálogo con los gremios docentes. Este martes, los sindicatos y el gobierno nacional resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes. Cada una de las partes realizó un gesto para que no cortar las conversaciones: los dirigentes pusieron en suspenso el paro de 48 horas lanzado para el 5 y 6 de marzo, mientras que el jefe de Gabinete aceptó seguir las negociaciones a que el mismo martes dijo que ese sería el último día de paritarias.

"Creemos que es una muy buena instancia para profundizar el dialogo. Es una negociación compleja en la que no existen coincidencias sobre los parámetros de la negociación", consideró. Una vez más, el ex gobernador de Chaco reiteró que el gobierno nacional es sólo responsable de acordar un salario inicial de referencia, pero son las provincias y la Ciudad de Buenos Aires las que deben establecer los aumentos en su carácter de empleadores directos. Insistió también en la "necesidad" de que se tome en cuenta "el esfuerzo de inversión social educativa realizada por el Gobierno".

En el tramo de su exposición previo a las preguntas, el jefe de Gabinete destacó el acuerdo que el gobierno argentino alcanzó con la española Repsol para pagar una indemnización de 5.000 millones de dólares en bonos como compensación por la estatización de la petrolera YPF.

Por último, el jefe de confirmó que aún siguen las negociaciones con el sector cárnico para bajar o al menos contener las subas que los distintos cortes registraron en el último tiempo. Tras la reunión que mantuvieron este martes, se prevé que haya otro encuentro entre el jueves y el viernes. Por el momento, sin embargo, ha habido pocos avances. Los empresarios insisten en la necesidad que se liberen las exportaciones para mejorar su rentabilidad, mientras que el Gobierno advierte que de hacer esto el costo que paga el consumidor argentino sufrirá un incremento aún mayor.