Una vez más Capitanich debió utilizar su contacto diario con la prensa para aclarar lo que quiso decir el día anterior. Esta vez negó que el Poder Ejecutivo esté analizando reformas legislativas para regular las tasas de ganancias de las empresas, tal como habían interpretado algunos matutinos.
"Hice referencia al análisis de la cadena de valor", aclaró este jueves. El jefe de Gabinete recordó que en "en el sistema capitalista de los países más modernos del mundo" existen regulaciones al mercado a partir de la normativa antitrust conocida como la Ley Sherman que rige desde 1890. Además, recordó que "en Argentina el primer proyecto de ley de regulación de la defensa de la competencia tuvo lugar en 1909".
Por eso, Capitanich insistió en la necesidad de debatir "la regulación de monopolios y oligopolios", aunque reconoció que aún debe "seguir trabajando para lograr armonía en la comunicación y evitar una interpretación de carácter indebido". "Eso no implica una regulación de la tasa de ganancias de las empresas. Muy por el contrario, significa generar los incentivos necesarios para que el sistema funcione adecuadamente", insistió.
"Si el pueblo tolera el desarrollo del poder privado al punto de formarse imperialismo de carácter industrial y económico se cae en un sistema totalitario de carácter fascista que consiste en la apropiación del gobierno y la dirección del país por un grupo reducido de hombres que controla el poder financiero. Pero yo afirmaría que esto es peor que el fascismo porque para imponer un sistema político es necesario librar una batalla de cualquier orden y para imponer un poder financiero basta con tener el capital". "¿Saben quién lo dijo?" – desafió a los periodistas presentes – "(Franklin Delano) Roosevelt. Así que me exime de más comentarios".
Por otra parte, Capitanich cuestionó los titulares que se refieren a la estatización de la petrolera YPF como una "confiscación", ya que se trató de una expropiación legal votada por el Congreso de la Nación. "Significa desconocer el funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas", disparó. Evitó hacer más referencias a la negociación con la empresa española, que estaría cerca de cerrarse con un acuerdo por unos 5.000 millones de dólares.
A su vez, volvió a pedir que no se hagan "especulaciones" con la posibilidad de una quita o disminución de los subsidios que existen a los servicios públicos porque "cuando exista una decisión se comunicara públicamente". De todas formas, reiteró una vez más que las partidas dedicadas a disminuir la tarifa que pagan los usuarios no son un monto considerable en comparación al dinero necesario para importar energía de otros países.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.