El juez federal de Tucumán Daniel Bejas ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación que pesa desde 2010 contra el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, por presunto enriquecimiento ilícito.
Se trata de pedidos de información sobre la composición accionaria de una empresa que, según la denuncia, tendría detrás al ministro. También solicitó las últimas declaraciones juradas presentadas por el funcionario para determinar si se corresponde con su patrimonio.
La lupa está puesta sobre la aceitera "Mercoplas S.A.", ahora denominada como "Grupo Baio", ubicada en Rawson, provincia de San Juan. Es aquella sobre la cual se sospecha que pertenece al ministro o bien a su esposa, Sandra Mariela Mattar Sabio, y la misma no está entre los bienes declarados por Manzur ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Ante el pedido del fiscal Carlos Brito, el juez pidió por oficio al Registro Público de Comercio de San Juan que provea información de la empresa "San Juan de Ullúm", una de las que integran el "Grupo Baio". En el oficio pidieron saber si está inscripta tal firma, y de ser así que aporte la nómina de socios que la integran, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
También pidieron al Registro de San Juan la nómina de socios de la empresa "Tío Yamil", dedicada a la producción olivícola. Se trata de una firma valuada en 2,1 millones de pesos y Manzur consignó en su declaración jurada de 2012 ante la Oficina Anticorrupción tener participación accionaria, aunque no especificó cuánta.
Por último, el juez pidió copia certificada de las declaraciones juradas que el ministro hizo en 2011 y 2012.
A fin de 2012 un peritaje hecho por Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que el patrimonio de Manzur estaba justificado. Por ello su defensa pidió el sobreseimiento al cual se opuso el fiscal Brito, y que tiene pendiente de resolver el juez.
Según la denuncia hecha en 2010 por el peronista disidente Oscar López, en 2003 Manzur habría declarado un patrimonio de 370.000 pesos y en 2012 se sospecha que incrementó el mismo en más de 9 millones. Entre los bienes denunciados están varios vehículos, viviendas en distintas partes, cuentas bancarias y participación empresaria; y si bien originalmente era por el período 2009-2010, luego se extendió por 2011 y 2012.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.