"La discusión del subsidio sí o el subsidio no en términos monetarios es poco importante", declaró el jefe de Ministros, Jorge Capitanich, en momentos donde algunos funcionarios del Ejecutivo analizan la alternativa de bajar el gasto que aporta el Estado para los consumos de servicios públicos de empresas y particulares.
En la Argentina existe un modelo de subsidios a través del cual el Estado asume parte de las obligaciones que deben pagar mensualmente los consumidores de energía y gas. El esquema varía según cada provincia y por ese motivo se pueden encontrar facturas muy desiguales entre los diferentes distritos.
Algunos economistas creen que es muy importante bajar los montos que destina el Gobierno en subsidios para poder contener el déficit fiscal, que se suele financiar con emisión monetaria, generadora de inflación. En cambio el Ejecutivo considera que esta política permite aumentar el consumo, motorizar la economía y defender los puestos laborales.
En su contacto diario con periodistas, Capitanich aseguró que la prioridad del Gobierno es bajar el déficit de u$s8.000 millones en la balanza energética. Para ello, apuntan a sustituir la importación de energía con mayor explotación por parte de la estatal YPF, ya sea sola o en asociación con otras petroleras privadas. Paralelamente se busca generar energías alternativas con costos más bajos. "Lo que buscamos es un modelo más autónomo con mejor capacidad de asignación de recursos", resumió el funcionario.
La discusión es por el déficit
La discusión en torno a los subsidios tomó relevancia porque surgió un informe que indica que el déficit fiscal del 2013 fue más alto que lo calculado por el Gobierno en una primera instancia. Un informe privado concluyó que el rojo financiero rozó los $86 mil millones.
Si se revisan las cuentas del Gobierno, el déficit puede ser explicado por los números de los ítems Recursos Totales (el dinero que entró a las arcas del Estado) y de Gastos Totales (los fondos utilizados para pagar bienes, servicios, inversiones y salarios). El Presupuesto 2013 contemplaba que el Estado tuviera erogaciones por $628.713 millones. Sin embargo, esa cifra quedó lejos de la realidad, debido a que se utilizaron $120 mil millones más de lo previsto. El número final cerró en $748.585 millones.
Capitanich rechazó este informe, difundido por el ElAuditor.info, y lo atribuyó a "usinas de la oposición". Según datos oficiales, el rojo fiscal del año pasado fue cercano a los $22.000 millones.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.