Tres hombres armados irrumpieron con violencia ayer en el edificio del diario El Sol, en el centro de la capital mendocina, y tras encañonar y dominar a una agente de seguridad privada, robaron algunos objetos. Lo que podría ser sólo un hecho de inseguridad más tomó una trascendencia mayor por un detalle inquietante: en ese periódico trabajan los periodistas que, desde el jueves, deben vivir con custodia policial porque la jefa de una banda narco local amenazó con matarlos por investigar y difundir sus actividades.
Los atacantes forzaron una de las puertas de ingreso del edificio donde se encuentran la administración y la redacción del diario. Fue minutos antes de las siete de la mañana y a pesar de la custodia policial que se había ordenado. A cara descubierta, uno de los hombres apuntó con una pistola a la vigiladora, Ximena Loquenz, mientras le gritaba y la insultaba.
“No llamés a la Policía porque te morís”, le ordenó a la joven, que no se resistió y les entregó inmediatamente un teléfono celular y su bolso con documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas de crédito. En el lugar no había nadie más.
“Tenían entre 20 y 25 años”, relató la víctima. También contó que dos de los hombres fueron los que forzaron la puerta mientras que el tercero ingresó al edificio, que está a dos cuadras de una comisaría.
El hecho causó conmoción y preocupación en el Gobierno provincial, que cerca del mediodía salió a asegurar que el ataque no estaba vinculado con las amenazas de la banda narco conocida como “Los Angelitos de Yaqui”. “Fue un robo al voleo”, repitieron desde el Ministerio de Seguridad mendocino. La versión oficial se difundió con el objetivo de intentar apaciguar las repercusiones que surgieron cuando se conoció la noticia. Luego se comunicó que los tres delincuentes fueron arrestados tras robar una cartera en Luján de Cuyo, departamento ubicado 20 kilómetros al sur de la capital provincial. Según se informó, tenían en su poder el bolso y las pertenencias de Loquenz.
Parte de la conmoción que generó el hecho tuvo que ver con que, desde que el jueves se conocieron las amenazas de la banda narco “Los Angelitos de la Yaqui”, tanto los periodistas como el edificio del diario cuentan con protección policial. Pero en el momento del asalto no había policías en el lugar porque, según aseguraron en forma oficial, estaba determinado que la custodia sería de las 7 a las 22.
La guardia Loquenz contó que, cuando los delincuentes escaparon con su botín, ella salió a la calle y vio a un agente de la Policía llegando al lugar. También se encontró con un vecino, que vio parte del episodio.
Ese testigo, José María Alonso, estaba a metros del edificio, esperando una grúa para remolcar su coche averiado. “Vi que venían dos tipos por una vereda y otro por la de enfrente. Cuando pasaron les pedí que me ayudaran con el auto, pero recibí insultos ”. A los pocos segundos, observó cómo los delincuentes escapaban y la víctima salía del edificio para pedir ayuda.
Anoche no se sabía aún si el testigo podría reconocer a los asaltantes. Ni si éstos tienen relación con lo que esta semana descubrió Inteligencia Criminal de la Policía: un informante les habló de una reunión desarrollada en San Luis entre Sandra Yaquelina Vargas (40, alias “La Yaqui”) y sus hombres, donde se bajó la orden directa de matar a los periodistas de El Sol que, desde hace dos años, vienen describiendo en una serie de más de 30 notas cómo es el accionar de su banda y quiénes la integran.
“Los Angelitos de Yaqui” son jóvenes de entre 15 y 20 años que se dedican a la distribución y la custodia de estupefacientes y también actúan como sicarios. Operan en la zona oeste de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza, donde suelen copar casas y e char a sus dueños para convertirlas en kioscos de droga. Algunos de ellos han caído presos acusados por hasta 5 casos de homicidio. Otros, según ha denunciado El Sol, habrían logrado librarse de la ley en base a coimas.
“La Yaqui”, en tanto, no tiene causas judiciales abiertas en su contra. Hasta ahora sólo el periodismo la ha dejado expuesta.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.