La titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, destacó hoy que la actual composición de la Corte Suprema de Justicia "es la mejor que hemos tenido", pese a los cuestionamientos que la entidad le realiza al máximo tribunal.
El año pasado, Justicia Legítima se convirtió en el think tank y la punta del lanza del Gobierno nacional durante el proceso de discusión y sanción del paquete de seis leyes de reforma del poder judicial. Garrigós de Rébori, que es también jueza y presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, defendió la legislación propuesta por el oficialismo, que tras ser aprobada por el Congreso fue declarada inconstitucional por la Corte.
Pese al elogio del cuerpo que preside Ricardo Lorenzetti, la magistrada deslizó críticas. "Hay fallos excelentes (de la Corte) y otros con los que no estoy de acuerdo", sostuvo. En diálogo con radio América, cuestionó a la máxima magistratura porque todavía "nos debe la democratización del Poder Judicial".
"El tercer poder del Estado no ha logrado transparentarse y democratizarse. La Corte no encontró la fórmula para hacerlo", señaló esta mañana la jueza.
Además, defendió su pertenencia a la entidad afín al kirchnerismo y que integra también la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Sin embargo, reconoció que su adhesión le trajo dificultades: "He tenido costos altos por presidir Justicia Legítima. Hay gente que no me saluda más. Es algo que identifica políticamente", indicó. Y agregó: "No somos una agrupación partidaria. Sí hay ideología de por medio, pero se nos critica por nuestras posturas ideológicas, como si los jueces no las tuvieran".
En particular, se refirió al rechazo que generó entre la oposición su postulación como jueza de la Cámara "del Crimen". Dijo que la UCR la había elogiado como profesional, pero que, "por disciplina partidaria", los legisladores radicales votaron en contra de su pliego. "Todo el cuestionamiento que se me hizo fue por mi pertenencia a Justicia Legítima", sentenció.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.