El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, encabezó hoy la reunión de su gabinete en Franck, localidad del departamento Las Colonias. Del encuentro, que se realiza periódicamente y esta vez tuvo lugar en esa comuna de la Región 3 (nodo Santa Fe), participaron todos los funcionarios de la cartera, buscando de este modo cumplir con el principio de regionalización y acercar la gestión a la ciudadanía.
Previo a la reunión de gabinete, Lewis se reunió con los presidentes comunales de Franck, Oscar Ritter; y de La Pelada, Julio Dándolo. Entre los funcionarios presentes también estuvieron el secretario de Justicia, Mariano Candioti; y el asesor legal de la comuna de Franck, Marcelo Schmidt.
“Logramos avanzar en algunos acuerdos vinculados con la optimización de los recursos del Estado en esta región. Por un lado, con un convenio que ya hemos firmado con el 50 por ciento de las comunas y municipios de la provincia, para que aquí también se puedan expedir los certificados de supervivencia y de vecindad”, detalló el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haciendo referencia al traspaso de los trámites que antes se realizaban en comisarías.
“Por otro lado, se llamará a concurso para cubrir el juzgado Comunitario de Franck, donde se produjo una vacancia tras el fallecimiento de su titular”, anunció Lewis.
La visita se enmarca en una política de Estado de cercanía con la ciudadanía. En este sentido, se vienen celebrando encuentros desde principios de 2012 en distintos puntos de la provincia, como las ciudades de Reconquista, Vera, Firmat, Tostado, San Jorge, Las Rosas y Coronda.
“Estamos convencidos de que cuando los problemas son vistos de esta manera tienen otra escala y se descubren nuevas líneas de soluciones”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.
La cartera de Justicia y Derechos Humanos fue creada en 2007 y tiene como metas primordiales el diseño de políticas para mejorar el servicio de justicia, así como garantizar que todos los habitantes accedan a el, y asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.