El dirigente opositor y alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, aseguró que los hechos violentos fueron una "emboscada" preparada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra una marcha que se realizó pacíficamente.
Ledezma, la diputada María Corina Machado y el dirigente Leopoldo López se refirieron a los hechos frente a la Fiscalía General, adonde llegó una marcha opositora para exigir la liberación de ocho estudiantes detenidos en recientes manifestaciones.
Los dirigentes señalaron que la manifestación había concluido tras llegar a la Fiscalía, y que los hechos de violencia se produjeron después de que se retiraran los manifestantes, con alborotadores lanzando piedras y botellas contra el Ministerio Público.
"La marcha comenzó y terminó pacíficamente en la ciudad de Caracas. La marcha, cuando nos habíamos retirado, fue víctima de una emboscada. Toda Venezuela sabe quiénes son los violentos en el país. Todo el mundo sabe quiénes son los grupos armados, quiénes han venido actuando con total impunidad", dijo Ledezma en una rueda de prensa.
Pero, al mismo tiempo, la inteligencia venezolana recibió la orden de arrestar a un líder opositor, después de que el presidente Nicolás Maduro calificara de "golpe de Estado" los incidentes.
La jueza Ralenys Tovar ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia detener al opositor Leopoldo López, acusado de homicidio, lesiones graves y asociación para delinquir.
Venezuela soporta una inflación anual de 56,3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos básicos, mientras que la violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada 100.000 habitantes, según se tomen estadísticas oficiales o de ONGs.
En un encendido discurso por radio y televisión, el presidente denunció "un golpe de Estado en desarrollo", pero prometió que "la revolución bolivariana va a triunfar".
Maduro dijo haber impartido "instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad [...] quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido".
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.