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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó esta mañana el envío a Córdoba de "mil efectivos de las fuerzas federales" como parte de un programa de "seguridad preventiva" luego de que cuatro efectivos de la Policía provincial fueran sancionados porque presuntamente promovían un nuevo autoacuartelamiento.

Lo anunció hoy en su habitual conferencia de prensa, en respuesta al malestar de los uniformados cordobeses que en los últimos días entró otra vez en tensión. Este jueves, las mujeres de Policías Autoconvocados habían organizado desde las redes sociales una protesta en reclamo del cumplimiento de "los 14 puntos elevados" al gobernador José Manuel de la Sota. Sin embargo, ayer el Tribunal de Conducta de la Policía de la provincia dispuso el pase en disponibilidad de un oficial y tres suboficiales por "incentivar a la tropa a a tomar las mismas medidas que en diciembre pasado"

La separación de los uniformados motivó que anoche las esposas se manifestaran frente a la central cordobesa de policía, localizada en avenida Colón, en señal de rechazo a las medidas dispuestas. Esta mañana, continuaban en la dependencia con el reclamo. Una de las protagonistas, Adriana Rearte, fue detenida.

Ante este panorama complejo, Capitanich ordenó el "envío de mil agentes de las fuerzas federales" con el objetivo de "evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo".

"La seguridad pública es competencia de las provincias argentinas. José Manuel de la Sota ha hecho un requerimiento formal para el envío de fuerzas de seguridad nacional y por eso se establece un mecanismo de prevención", explicó el jefe de Gabinete en Casa Rosada.

Y aseguró: "Queda claro y en evidencia que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos con sus armas".

Por su parte, las mujeres que se manifestaban hoy rechazaron que se promueva un nuevo acuartelamiento y argumentaron que los efectivos sancionados no participaron de la protesta de diciembre pasado.