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 Los policías y militares que causen muertes y lesiones “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa” están exentos de responsabilidad penal, de acuerdo a una ley promulgada el lunes por el presidente Ollanta Humala, y que fue iniciativa de un congresista fujimorista. Muertos como la niña Zoraida Caso y el autodefensa Paulino Huamán –en operaciones militares contrasubversivas en 2012 y 2013– y los ocurridos durante conflictos sociales vinculados con la minería, podrían quedar impunes.

Las 14 líneas publicadas en el diario oficial están causando controversia, pues mientras abogados y exministros de Interior indican que desde 2007 la Policía y las fuerzas armadas eran inimputables si causaban muertes en el uso reglamentario de su arma, y no era necesaria esta modificación del Código Penal, otros políticos la defienden, argumentando que era necesaria para que los uniformados puedan “hacer mejor su trabajo”.

Ante las críticas, el promotor de la ley, el parlamentario fujimorista Pedro Spadaro señaló el martes en un canal de cable que esperaba que “la ley se aplique correctamente, que no tengamos miedo, para el combate a la inseguridad”.

La norma se suma a un paquete legislativo que desde noviembre de 2012 ha flexibilizado el marco de acción de las fuerzas armadas e incluso impide la transparencia en el campo de la defensa y seguridad nacional, debido a que califica de secreta la información y considera un delito su difusión. En enero 2013, Humala promulgó la ley que permite a las fuerzas armadas realizar el levantamiento de cadáveres en zonas en emergencia, una función que cumplen los fiscales.

Desde 2009, la participación de la policía en los conflictos sociales, sea en cumplimiento de su deber o contratados en sus días libres por empresas mineras, ha causado muertes y lesiones. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, en diciembre hubo 216 conflictos sociales, de los cuales 139 eran socioambientales, y de estos, el 48% estaba vinculado con la minería. De acuerdo a otro reporte, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en diciembre hubo 115 conflictos, de los cuales el 57% están vinculados con el sector extractivo.

El ministro de Interior, Walter Albán, afirmó que si bien la norma no era “conveniente ni necesaria” el Ejecutivo no la observó la norma para evitar que la Policía lo interpretara como una falta de respaldo.

“La norma no puede ir más allá de la Constitución, el presidente y el Ejecutivo, en general, ha querido evitar que se pueda malentender una eventual observación como una forma de socavar la actuación policial frente a quienes han defendido esta iniciativa, señalando que lo que ellos quieren es empoderar a la policía y no exponerla a sanciones jurisdiccionales”, dijo Albán en un programa de radio este martes.

“(Los policías y militares) son los que ponen el pecho y hay que darles amparo legal, no se está dando una carta blanca”, respondió Spadaro en Canal N a la crítica del exministro de Interior, Fernando Rospigliosi, quien indica que la nueva ley crea ciudadanos de primer y segundo orden.

La modificación al Código Penal fue aprobada en el Congreso en junio del año pasado, sin embargo, la promulgación ocurre medio año después, en un contexto en el que otros temas compiten por la atención de la ciudadanía: el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la frontera marítima con Chile, el debate sobre la concentración de medios de comunicación, y las investigaciones sobre el vínculo de un operador del exasesor Vladimiro Montesinos con el gobierno actual, la policía y las fuerzas armadas. Además, un policía en retiro, con influencia en departamentos del sur del país, Richard Ortega Quispe, ha anunciado un paro policial el 5 de febrero, una fecha difícil, pues se recuerda una huelga de policías en 1975 -durante el gobierno militar- que fue sofocada por el Ejército y dejó un número indeterminado de muertos.