El juez federal Claudio Bonadio realizó el martes pasado allanamientos en la Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, y en el banco Finansur, para obtener documentación sobre operaciones sospechosas de Lázaro Báez.
La UIF, conducida por el funcionario kirchnerista José Sbatella, está bajo la mira judicial ya que había encubierto al empresario kirchnerista, al retener durante cinco años Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La UIF es investigada porque retuvo desde 2008 hasta diciembre pasado documentos que debería haber enviado a la Justicia y que informaban sobre sospechosas y multimillonarias transferencias de dinero de empresas vinculadas a Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Las operatorias las habría realizado Báez con la financiera Invernes, de Ernesto Clarens.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Bonadio investiga si Sbatella, el titular de la UIF cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, al no entregar los reportes vinculados a las empresas de Báez. El martes pasado, el juez federal retuvo documentos vinculados a esas operaciones tanto en la unidad antilavado como en el banco Finansur.
La UIF aseguró que la acción realizada por Bonadio no fue un allanamiento, sino que se trató de un requerimiento de información. "Se recibió una orden de presentación firmada por Bonadio, en la que requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas", dijo el organismo conducido por Sbatella en un comunicado.
Y agregaron: "Ese mismo día se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez y se entregó copia de la documentación en soporte digital". .
LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
Entre enero y noviembre de 2008, el banco Finansur emitió los reportes de operaciones sospechosas (ROS) 4176 y 31.646, junto con la información complementaria 31.793, con precisiones sobre movimientos por $ 54,5 millones, y flujos adicionales hasta julio de 2011 por otros $ 125 millones.
Pero la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo lo informó a la Justicia a fines de diciembre, según reveló el diario Clarín.
Tras las denuncias periodísticas sobre el accionar de la UIF, los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso acusaron a Sbatella de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento
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