Al menos dos personas murieron como consecuencia de los desmanes y saqueos a comercios en Tucumán, en medio de una huelga policial que mantiene a la sociedad en vilo, con negocios y bancos cerrados, mientras el gobernador José Alperovich salió a pedirles a los agentes que "por favor" vuelvan a trabajar.
Pasado el mediodía, el Gobierno provincial les presentó a los uniformados de paro una nueva propuesta de aumento salarial de un 35%, que finalmente Alperovich dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y que la Legislatura tenía previsto tratar en una sesión extraordinaria este martes.
"Ganarán 8.500 pesos y serán una de las mejores policías pagas del país. Lo que están haciendo es un atentado a a democracia", se quejó el mandatario kirchnerista.
Pero los policías rechazaron esa propuesta, de elevar de 7.000 a unos 8.500 pesos el sueldo de bolsillo de un agente, e insistieron en pedir un piso de 12.000 pesos, además de otras reivindicaciones.
Por la tarde, el Gobierno provincial realizó una nueva oferta de un aumento salarial de un 35 por ciento, que al parecer había dejado conformes a los uniformados, que también lograron el compromiso oficial de reincorporar a policías cesanteados y otros beneficios.
En paralelo, el gobierno de Alperovich realizó una presentación judicial por "sedición" contra los policías en huelga, a través de su fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa; el ministro de Economía, Jorge Jiménez, y el legislador peronista Marcelo Caponio.
"Les pido por favor que vuelvan a cuidar a la gente, el pueblo de Tucumán no se merece esto", sostuvo Alperovich y señaló que las negociaciones se extendieron "hasta las dos de la mañana" y que el Gobierno hizo "el mejor esfuerzo para que ganen bien".
En un megaoperativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Homicidios, se realizaron múltiples procedimientos en barrio Loyola Sur. Hay siete detenidos y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.