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El gobierno de Cristina Kirchner comenzó a sospechar ayer que existe una disputa territorial entre las policías locales, el narcotráfico y los gobiernos nacional y provinciales. Según su hipótesis, las policías y los narcos desafían al Estado con grupos dedicados a los saqueos, que pueden propagarse por la grave situación social y que buscan arrinconar y condicionar a los dirigentes y funcionarios políticos.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió que Santa Fe, Córdoba y otras provincias enfrentan la acción de narcotraficantes y que se dispusieron acciones "preventivas y planificadas" para evitar un "efecto contagio" de los saqueos en esas provincias y en el conurbano bonaerense.

"Ahora el Gobierno se asustó y está tomando en serio el problema", señaló a LA NACION una alta autoridad en seguridad.

Por ese motivo, Capitanich informó la decisión de Cristina Kirchner de enviar 2000 efectivos de la Gendarmería Nacional a Córdoba, luego de marchas y contramarchas con el gobernador de esa provincia, José Manuel de la Sota. También la Presidenta ordenó el traslado del secretario de Seguridad, Sergio Berni, para coordinar con el gobierno cordobés la cooperación conjunta. Berni regresó anoche a esta capital y se dirigió directamente a Olivos para darle a Cristina Kirchner un informe pormenorizado de la situación cordobesa.

Desde anteayer, Berni coordinó con el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, un "comando antisaqueos" o como lo denominó Capitanich "comando conjunto de operaciones" para prevenir saqueos sorpresivos.

Lo componen la policía bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura que establecieron un sistema de alerta temprana de los jefes políticos municipales y barriales ante cualquier disturbio.

Granados tomó contacto con la DEA y el FBI para articular una cooperación internacional, según confiaron a LA NACION fuentes vinculadas a la seguridad. La agencia antidrogas y la oficina federal de investigaciones son dos de los organismos de los Estados Unidos con mayor inteligencia sobre el narcotráfico y el crimen organizado ramificado en América latina.

En el cambio de estrategia oficial tuvieron que ver todos los gobernadores e intendentes que reclamaron en conversaciones reservadas con Capitanich que la Casa Rosada debía afrontar el problema porque los conflictos policiales y los saqueos podían extenderse por todo el territorio nacional si el Gobierno no actuaba rápido. De hecho, ayer surgieron conflictos policiales en Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, aunque en esta última provincia se solucionó la negociación salarial.

En la mañana del miércoles Cristina Kirchner le había ordenado a Capitanich demorar el envío de gendarmes, lo cual puso en evidencia la endeblez del cambio de estrategia política de Olivos, de mostrarse abierto al diálogo democrático, para huir de la derrota electoral de octubre último. Por ese motivo, luego dio marcha atrás y resolvió el envío de las fuerzas federales a Córdoba.

Incluso, Capitanich subrayó ayer que habló varias veces con De la Sota y que hasta se enviaron mensajes de texto a las 2.09 de la madrugada, pese a que anteayer había asegurado que el martes por la noche no recibió llamadas de De la Sota porque a esas horas debía dormir.

Para admitir la dimensión del problema, por primera vez Capitanich dijo que "algunos gobernadores manifiestan que efectivamente parte de estas bandas delictivas" se vinculan con el narcotráfico y que en los saqueos del martes y miércoles últimos en Córdoba "puede haber ocurrido exactamente eso".

Además, pidió una fuerte investigación judicial a los 96 detenidos por los robos en Córdoba y sus posibles vínculos con el narcotráfico. Dijo que existen "grupos determinados" con una "estrategia planificada que hay que desbaratar", agregó que se están tomando "acciones preventivas y planificadas para evitar un efecto contagio y de acción deliberada de estos grupos".