El Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Zona Norte, y ante recientes manifestaciones efectuadas en relación a la labor de los jueces penales, respecto a allanamientos masivos en busca de armas, no pueden dejar de expresar su profunda preocupación ante la circunstancia de pretender encontrar una solución a un flagelo cuyas raíces se enmarcan en causas cuyo abordaje no puede ser materializado desde una visión simplista.
En el sentido expuesto, a la vez de reivindicar por este medio la labor diaria de los magistrados y fiscales pertenecientes al fuero penal, y teniendo en cuenta las declaraciones públicas efectuadas por el Procurador de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que un allanamiento masivo serviría únicamente para aterrorizar a las poblaciones, no puede soslayarse que la lucha contra el delito debe enmarcarse en los límites que la ley impone.
Y en tal orden ideas, en cumplimiento de expresas garantías constitucionales y normativas procesales vigentes, este Colegio brega para que la inseguridad no sea combatida con mayor inseguridad para los vecinos de los distintos barrios santafesinos, y menos aún, que tales ciudadanos merezcan un trato discriminatorio por parte de los operadores jurídicos.
Sin perjuicio de ello, exige el mayor empeño en dar con quienes resulten penalmente responsables de los ilícitos cometidos, exhortándose a la puesta en marcha de las tareas de prevención necesarias para dotar de tranquilidad a los ciudadanos.
En un megaoperativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Homicidios, se realizaron múltiples procedimientos en barrio Loyola Sur. Hay siete detenidos y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.