El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado “escasas evidencias” de que esté dispuesto a avanzar “más allá de compromisos retóricos” para frenar la impunidad del crimen organizado y los abusos de las fuerzas de seguridad en la guerra contra el narcotráfico. Así lo afirma José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), en una carta difundida este martes.
La organización alerta de que las medidas que el presidente mexicano ha puesto en marcha “no han registrado resultados” durante su primer año de mandato. El director de HRW asegura también que, pese a que el Gobierno de Peña Nieto ha criticado en varias ocasiones las acciones contra el narcotráfico de su antecesor, el conservador Felipe Calderón, su estrategia de seguridad es “indistinguible” de la que efectuó la presidencia anterior. “Si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad es reducir la violencia, hasta ahora [Peña Nieto] no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo”.
Como ejemplo menciona el caso de Michoacán, al suroeste del país, que ha registrado una crisis de seguridad a lo largo de este año con la aparición de los llamados grupos de autodefensa, civiles armados en pie de guerra contra los carteles del narcotráfico. “Ha dispuesto el envío de miles de soldados a Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados [a operativos contra el narco] y no han recibido una misión clara, salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad”. Subraya también que las fuerzas militares son destinadas sin un plazo claro de retirada. “Como quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las Fuerzas Armadas por sí solas no pueden restablecer el Estado de derecho”, comenta.
Human Rights Watch señala también que el Gobierno mexicano suele criminalizar a las víctimas, y menciona que, por ejemplo, en el mes de julio se informó de 869 asesinatos en junio pasado pero que los comunicados oficiales subrayan que 839 de los muertos eran “presuntamente responsables de hechos ilícitos”. HRW insiste en que la ausencia de “investigaciones rigurosas” que demuestren esas acusaciones vulnera la presunción de inocencia.
El texto expone que, entre el amplio listado de promesas pendientes del Gobierno mexicano, estaba la creación de un registro nacional de desaparecidos, necesario en un país en que por lo menos “26.000 personas han sido denunciadas como extraviadas”. Hasta ahora no hay avances significativos en cuanto a esta base de datos y tampoco se ha detallado cuál será su metodología.
Además, el documento explica que México sigue siendo un territorio hostil para periodistas y defensores de derechos humanos. La organización afirma que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un organismo creado en el Gobierno anterior ante las denuncias de la creciente violencia en México, es “sin duda meritorio” y representa “una iniciativa importante”. No obstante, HRW destaca que “la falta de fondos y apoyo político en todos los niveles del Gobierno” ha diluido su función. Las medidas de protección, describe, son inadecuadas, tardías y en algunos casos inexistentes.
Vivanco recuerda también al mandatario mexicano que la amenaza del crimen organizado es “genuina y no ficticia” y que la responsabilidad de proteger a los ciudadanos es de su Gobierno. En México, un país en el que han muerto asesinadas más de 70.000 personas en los últimos seis años, el 98% de los crímenes permanece impune. “El cambio de su estrategia continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico”, señala en el texto.
El documento menciona que muchas de las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante el Gobierno de Felipe Calderón no han sido castigadas. Como el caso de los niños Bryan y Martin Almanza, de cinco y nueve años, muertos en un tiroteo en 2010 iniciado por el Ejército en Nuevo Laredo (Tamaulipas, noreste del país). Las autoridades mexicanas han negado su responsabilidad, pero organizaciones de derechos humanos han denunciado que militares manipularon la escena del crimen para ocultar evidencias. Y también recuerda otros abusos que han ocurrido durante la actual presidencia, como los tres activistas de Guerrero, al suroeste del país, que fueron secuestrados y asesinados en junio de este año. Un superviviente dijo que el alcalde de su pueblo visitó el sitio donde los mantenían sus captores y ordenó que les torturaran. El Gobierno de Peña Nieto, asegura la carta de HRW, “no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado”. Añade: “Y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”.
El Tatengue visitará, por ahora, el lunes a las 18.45 al Fortín, con la necesidad de obtener un buen resultado para alimentar su ilusión de llegar a los octavos de final.