La provincia de Santa Fe resultó elegida por la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas Estatales Argentinas (ALEA) para mostrar las políticas que se vienen implementando en métodos pacíficos de resolución de conflictos, como la mediación y la facilitación, con el objetivo de replicar esta experiencia innovadora en otras provincias de la Argentina.
La directora de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eleonora Avilés, y la subdirectora del área, Elba Acosta, mostrarán la experiencia que se viene desarrollando y dictarán un taller en el marco de la 58º asamblea extraordinaria de la Junta de Representantes Legales de ALEA, que se desarrollará el 20 y el 21 de noviembre en el City Center (Oroño 6300, Rosario).
La provincia de Santa Fe fue elegida en el marco de una asamblea de la que participaron representantes de todo el país, quienes consideraron el carácter innovador y distintivo de las políticas que se están implementando en el área, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Dirección de Desjudicialización, que depende de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, presentará en el taller titulado “Percepciones y emociones en la mediación”, las principales líneas de trabajo en relación a la mediación prejudicial obligatoria, la mediación penal y la facilitación. “Es fundamental enriquecer e intercambiar las distintas experiencias para que puedan ser replicadas en otras provincias de la Argentina”, señalaron desde el área.
“La Asamblea de ALEA consideró que lo realizado en Santa Fe resulta innovador. Por mayoría se decidió que sea Santa Fe la que este año muestre lo realizado ante representantes de todo el país”, agregaron.
La mediación prejudicial obligatoria funciona en la provincia desde noviembre de 2011 y su aplicación es progresiva (por territorio y por competencia). Tiene dos características que la distinguen del resto de las legislaciones (nacional y provinciales): la organización del sistema en la órbita del Poder Ejecutivo y la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación a todo el procedimiento, lo que le da mayor agilidad, economía y eficiencia al sistema. El sistema ya está en marcha en tres nodos y 13 localidades de la provincia.
Es un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales. Su función es intentar que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral, experto en la materia, quien los acerca facilitando el diálogo. La mediación penal está dirigida a todas aquellas personas que voluntariamente deseen solucionar un conflicto en forma activa y personal, sin la intervención directa del sistema judicial tradicional. Las Oficinas de mediación penal funcionan en los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) habilitados en la provincia.
La facilitación consiste en hacer más fácil, viable y fluido un canal de comunicación que por algún motivo está interrumpido. En otras palabras, lo que se facilita es el diálogo entre las partes para restablecer la comunicación. En el marco de la facilitación, se interviene desde el Estado para abrir canales de diálogo y generar ruedas de comunicación.
El equipo de profesionales que trabaja este tipo de intervenciones desde 2009 se desempeña en el Estado provincial y actúa en la prevención o resolución de conflictos sociales por vías no judiciales. El objetivo de la facilitación es promover formas participativas, pacíficas y colaborativas para la resolución de situaciones de crisis, de modo que la judicialización del problema no sea la primera o la única alternativa a transitar.
La Secretaría de Políticas Sociales informó que el número de personas con permanencia constante en la vía pública creció.