Otra chicana más. Otra estrategia más para dilatar lo inevitable. Hoy por la mañana tenían que comenzar a declarar en Córdoba las tres hijas de Ricardo Jaime, acusadas de ser testaferros del ex secretario de transporte quien está sospechado de haberse enriquecido durante los años en los que fue funcionario público del kirchnerismo.
Julieta, Romana y Gimena Jaime fueron citadas a principios de octubre para declarar en indagatoria. Debían hacerlo la semana pasada. Pero el abogado de Jaime- y hasta hoy de sus hijas- Andrés Marutián, pidió que las jóvenes declararan en Córdoba.
El juez Sebastián Casanello, quien investiga a Jaime por enriquecimiento ilícito, le concedió ese pedido. Incluso viajaron a Córdoba un secretario del juzgado y uno de la fiscalía de Carlos Rívolo, quien acusó al e funcionario de haberse enriquecido, para tomar la declaración en el juzgado federal a cargo de Alejandro Sánchez Freytes. Minutos antes del inicio de la declaración Marutían y el integrante de su estudio Carlos Jotayan renunciaron a la defensa que ejercen desde hace años.
La presentación fue analizada en Tribunales como una manera más de hacer más lenta la causa. Como una forma de retrasar la indagatoria de las hijas de Jaime y por ende la definición de la causa. Ya lo hicieron todo. Recusaron al juez. Pidieron declarar en Córdoba y ahora "renunciaron" a la defensa. Mientras las hijas de Jaime no designen nuevo abogado serán representadas por un defensor oficial. Según fuentes judiciales, la indagatoria de las tres hijas de Jaime será el miércoles en Córdoba, salvo que algo nuevo suceda.
Hoy se tenía que presentar a declarar en indagatoria otro testaferro de Jaime, uno de sus hermanos: Daniel Eduardo. Pero, según fuentes de Tribunales, no había podido ser notificado de la citación. Los Jaime están haciendo todo lo posible para retrasar la definición de la causa por enriquecimiento ilícito.
El 26 de noviembre próximo el ex funcionario se tiene que presentar a declarar ante Casanello. Antes la Sala I de la Cámara Federal debe decidir si el juez sigue o no a cargo del caso. Es que Jaime pidió apartarlo. En lo que fue la primera de las "chicanas" procesales que presentaron desde octubre pasado cuando Casanello decidió llamar a indagatoria a Jaime y sus testaferros más queridos.
En un solo día se registraron 78 llamados en todo el territorio. El costo promedio de cada despliegue ronda los 7 millones de pesos.