La Justicia rusa comenzó hoy a prolongar por tres meses la detención preventiva de los 30 tripulantes del rompehielos “Arctic Sunrise” de Greenpeace detenidos por protestar en el Ártico ruso.
“El Tribunal acaba de prolongar hasta febrero la custodia del primero de los activistas”, el australiano Colin Russel, aseguró a Efe la vocera de Greenpeace, Yulia Prónina, desde la antigua capital imperial.
Prónina destacó que el Tribunal Primorski de San Petersburgo tiene hasta el 24 de noviembre para prolongar la custodia de los detenidos, ya que es entonces cuando expira el arresto ordenado en septiembre por el tribunal del puerto de Múrmansk.
“No dudamos de que el tribunal hará todo lo posible para que le de tiempo a hacerlo antes del domingo”, dijo.
De esta forma, los 28 activistas de Greenpeace, entre ellos dos argentinos, más un cámara y un fotógrafo independientes tendrían que permanecer en prisión en Rusia hasta el 24 de febrero próximo.
El pasado viernes el Comité de Instrucción (CI) de Rusia adelantó su intención de prolongar la medida cautelar contra los tripulantes del buque, que ahora son acusados de vandalismo por intentar encadenarse a una plataforma flotante del grupo ruso Gazprom.
El pasado 12 de noviembre los detenidos fueron reubicados en prisiones preventivas de San Petersburgo, adonde llegaron procedentes de Múrmansk.
El Consejo de Derechos Humanos adjunto a la Presidencia rusa, cuyo presidente, Vladímir Fedótov, se reunió con los detenidos el viernes pasado, solicitó a la Justicia que los deje en libertad provisional.
Mientras, el “Arctic Sunrise” sigue arrestado en Múrmansk, adonde fue remolcado tras ser apresado por guardacostas rusos el 19 de septiembre en el mar de Bárents cuando sus tripulantes protestaban contra la explotación del Ártico.
Los tripulantes del “Arctic Sunrise” proceden de Rusia, EEUU, Argentina, Reino Unido, Canadá, Italia, Ucrania, Nueva Zelanda, Holanda, Dinamarca, Australia, Brasil, República Checa, Polonia, Turquía, Finlandia, Suecia y Francia.
El intendente de Santa Fe advirtió que analizan acudir a la Justicia si el Gobierno nacional no revoca la eliminación de subsidios. Aseguró que el objetivo es mantener la frecuencia para evitar que los usuarios abandonen el servicio.