Lt 10

Los diputados nacionales Manuel Garrido y Ricardo Alfonsín presentan hoy un proyecto de ley para regular la llamada “Acción Extinción del Dominio” en favor del Estado para los bienes del narcotráfico.

Para los diputados “El crimen organizado necesita de acciones urgentes e inteligentes por parte del Estado Nacional. Una de las herramientas es la incorporación de la Acción de Extinción de Dominio, que permite que aún en el caso de que el acusado por delitos de narcotráfico no haya sido condenado en un juicio penal porque se fugó, murió o prescribió la causa, igualmente puedan decomisarse sus bienes en el marco de un juicio civil.”

La Extinción de Dominio procedería sobre los siguientes bienes:

Aquellos que sean producto u objeto material de las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de las actividades ilícitas perseguidas.

También los bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes; y aquéllos de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los incisos anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, o aprehensión material.

"La sentencia en el juicio civil ordenará el decomiso de los bienes, los cuales pasarán a integrar el patrimonio público. El dinero de esos bienes se destinará en un 90% al programa “Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción”.

Este proyecto está en línea con el propuesto por el diputado provincial santafesino Maximiliano Pullaro que insta a que las personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico sean sometidas a un proceso judicial civil en el cual deban justificar que todos sus bienes "fueron adquiridos con fondos lícitos".

La iniciativa de Pullaro ya se implementa en México y Colombia, donde se lo denomina "extinción de dominio". Se procura que todos los bienes injustificables de un narcotraficante pasen a manos del Estado, que después deberá decidir qué hacer con ellos.