Hay al menos 400.000 mujeres en el mundo que en algún momento de sus vidas decidieron agrandarse el busto y que hoy tienen en su cuerpo implantes mamarios de la marca PIP: implantes que fueron fabricados con un gel más económico –que no estaba aprobado por las autoridades sanitarias– y que se rompían con facilidad. Esas cientos de miles de mujeres iniciaron juicios contra todos: contra la empresa, la certificadora y las importadoras que ingresaron los implantes a cada país. Y ayer uno de esos juicios empezó a dar resultados. Un tribunal francés condenó a la certificadora que dio “el visto bueno” a esas prótesis y ahora tendrán que empezar a indemnizar a algunas afectadas, entre ellas, a una abogada argentina.
La corte de Toulon, en el sur de Francia, entendió que la empresa alemana de control y certificación TUV Rheinland no cumplió con “sus obligaciones de inspección y vigilancia” y ahora deberá indemnizar a los distribuidores y a las mujeres afectadas. Aunque las mujeres pedían 16.000 euros de compensación por cada afectada, la sentencia ordenó compensar a cada una con una indemnización de 3.000 euros, el dinero que suponen que necesitan para pagar la cirugía con la que se sacarán los implantes defectuosos. La certificadora anunció que apelará la sentencia porque su papel es detectar “errores no intencionados” en los fabricantes pero no “fraude intencionado”, que es de lo que se acusa a la empresa Poly Implant Prothese (PIP).
“Esta decisión abre una esperanza para todas las portadoras de implantes PIP”, dijo a Clarín la abogada Virginia Luna, la única víctima argentina que en esta instancia será indemnizada. “Es un paso fundamental porque esto abre la posibilidad de que las mujeres afectadas en nuestro país puedan recibir una indemnización en los mismos términos el 10 de diciembre”. Se refiere a que esta sentencia corresponde a un juicio comercial entre las importadoras y la certificadora pero en diciembre se conocerá la sentencia del juicio penal que se lleva en Marsella de las mujeres damnificadas contra los directivos de la empresa PIP. En ese caso hay 7.000 mujeres –150 de ellas son argentinas– que accionaron contra PIP. Y esta primera sentencia condenatoria da indicios de que habrá condenas para cada parte de la cadena de responsabilidad. “Con este antecedente, lo que esperamos es que el Fondo de indemnización para víctimas del Estado francés sea aplicable también a ellas”, dijo Luna, que representa allí al grupo de mujeres argentinas.
En nuestro país mientras, hay un tercer juicio, en el que 350 mujeres demandaron a la certificadora y a la aseguradora por 350 millones de pesos. La causa está en la Cámara nacional de apelaciones en lo civil y comercial federal porque el juez se declaró incompetente. Exigen una compensación de un millón de pesos para cada una.
El intendente de Santa Fe advirtió que analizan acudir a la Justicia si el Gobierno nacional no revoca la eliminación de subsidios. Aseguró que el objetivo es mantener la frecuencia para evitar que los usuarios abandonen el servicio.