El kirchnerismo reveló ayer finalmente su propuesta de modificación del Código Civil que, como se preveía, mantiene la posibilidad de cancelar en pesos contratos firmados en moneda extranjera, equipara a los derechos de incidencia colectiva con los individuales, e impulsa la simplificación de los trámites de divorcio, entre otros temas relevantes. Apretado por los tiempos, el Frente para la Victoria buscará conseguir dictamen favorable al proyecto la semana próxima, con la intención de que el Senado pueda tratarlo antes del recambio legislativo.
Los lineamientos principales del texto siguieron el trazo que marcó el Poder Ejecutivo cuando modificó aspectos fundamentales del anteproyecto que había redactado una comisión de juristas presidida por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer. Aunque los legisladores kirchneristas volvieron a introducir cambios, lo hicieron para retocar algunos de los puntos que representaban mayores conflictos para el Gobierno, con la promesa de que todos serán legislados más adelante con proyectos ad hoc.
Es el caso del límite que puso la Casa Rosada a la responsabilidad del Estado y los funcionarios por los daños causados por sus acciones u omisiones. Si bien la restricción se mantiene, ayer mismo el Ejecutivo presentó un proyecto con la regulación específica (de lo que se informa aparte), que ya recibió cuestionamientos de la oposición. Otros puntos en similares condiciones son la propiedad comunitaria de las tierras de pueblos aborígenes y la gestación por sustitución.
Este último ítem, conocido como alquiler de vientre, fue directamente eliminado del proyecto de Código Civil que presentó ayer el oficialismo. Resultó clave la presión de la Iglesia Católica para que este tema, junto con la protección de los embriones no implantados, sean materia de leyes específicas que por ahora no asoman en el horizonte parlamentario.
El celo con que el oficialismo guardó su dictamen hasta ayer al mediodía impidió que los legisladores que integran la comisión bicameral que analiza el Código puedan debatir estas cuestiones. Así, la discusión se circunscribió a los tiempos del trámite parlamentario, que algunos opositores cuestionaron. “"Nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizarlo profundamente. No vamos a avalar ningún cronograma que nos apure"”, advirtió el radical Ernesto Sanz.
Tanto la UCR, como el PRO y el Frente Renovador avisaron que presentarán dictámenes propios. “"Me gustaría que el Código se vote porque ha habido mucho trabajo de muchos legisladores”", reconoció la massista Graciela Camaño, que de todas formas pidió “"el tiempo necesario para la lectura de todas las modificaciones”".
El jefe del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Pichetto, señaló que su intención es “"avanzar en el tratamiento del tema por lo menos en una de las Cámaras”" antes de que termine el año. Según el cronograma fijado por el Frente para la Victoria, este lunes desde las 14 expondrán ante la comisión funcionarios del Ministerio de Justicia; mientras que el martes sería el turno de Lorenzetti y otros integrantes del grupo de trabajo original. El titular de la Corte aguardaba ayer que le llegue la invitación oficial.
Si no hay sorpresas, al día siguiente el oficialismo impulsaría su dictamen, lo que dejaría al texto listo para llegar al recinto del Senado el miércoles 27. Una vez aprobado, el kirchnerismo podría intentar una sanción veloz en Diputados o dejarlo para el año próximo. Sea cual fuere su decisión, el Código no entrará en vigencia con Cristina Fernández de Kirchner en el poder. Según establece su artículo 7, comenzará a regir recién el primer día de 2016.
El intendente de Santa Fe advirtió que analizan acudir a la Justicia si el Gobierno nacional no revoca la eliminación de subsidios. Aseguró que el objetivo es mantener la frecuencia para evitar que los usuarios abandonen el servicio.