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 Una resolución judicial que dejó sin efecto el procesamiento para tres escribanos locales y las veladas acusaciones acerca de la presencia de algún empleado infiel dentro del Registro de la Propiedad de Santa Fe, generaron la inmediata reacción de las autoridades del Registro General de la provincia. Su director, Facundo Paschetto, se mostró preocupado por “el curso que ha seguido la investigación” y denunció la presencia de una organización delictiva en la que participan escribanos, abogados y agentes inmobiliarios.

“Desde un primer momento mantuvimos la hipótesis de que había una organización con carácter de permanencia que trabaja con la cuestión registral y abarca no sólo a los escribanos sino a varios profesionales”, apuntó el funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la gestión de Antonio Bonfatti.

El 21 de diciembre de 2011 las autoridades provinciales denunciaron a tres escribanos locales, tras detectar alteraciones en los asientos o fichas del Registro de la Propiedad, que habrían dado pie a procesos de escrituración apócrifos.
Una investigación penal se inició en el Juzgado de Instrucción Primera de Jorge Pegassano, que el 7 de junio de este año procesó a tres profesionales por los presuntos delitos de “falsificación de documento público” reiterado en 19 oportunidades.
Nulidad y revocatoria
Pero el 25 de octubre pasado, la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal, integrada por los vocales Jaquelina Balangione, Martha Feijoó y Roberto Reyes, anuló el llamado a indagatoria para los escribanos y el procesamiento resultó revocado, prevaleciendo el estado de inocencia de quienes se encuentran imputados.

No conformes con ello, los abogados defensores pusieron el acento en la responsabilidad del Registro General y del Servicio de Catastro e Información Territorial, por lo que la respuesta no se hizo esperar.

A propósito, Paschetto reconoció que “muy posiblemente tenga alguna vinculación con algún agente estatal, pero lo que hay es una organización externa” en la que “hemos detectado irregularidades”.

Modus operandi

“Me preocupa el curso que ha seguido la investigación, fundamentalmente porque en su momento brindamos en forma reiterada distintas hipótesis” en referencia a “una confluencia de distintos sectores de profesionales con el mismo modus operandi”, insistió.
Asimismo, el funcionario destacó que “en el caso de los escribanos, tenían el deber inexcusable de analizar la documentación que se les llevaba y lo han omitido sistemáticamente”. “La misma modalidad se da en todas las denuncias que nosotros hemos presentado”, agregó Paschetto y aseguró que de no haber complicidad “esta situación hubiese saltado” ya que en algunos casos “hemos constatado que los titulares de las escrituras firmadas no tenían ni idea que eran dueños de esos inmuebles. O sea que la irregularidad fue sistemática y no se agota en la línea de investigación que se tuvo desde el principio; e inclusive cabrían otras figuras penales”.

Un gran negocio

—¿Qué otros profesionales actuaron?

—Nosotros entendemos que no sólo escribanos han actuado en esto sino también profesionales de la abogacía y aquellos que tienen que ver con el tráfico inmobiliario.

—¿Cuál es la operatoria que se denuncia?

—Se trata básicamente de bienes que no tienen movimiento y se tiene ese dato, porque el titular ha fallecido, o lo ha abandonado porque tiene una gran deuda. Este dato lo han sacado de algún lugar. Entonces la modalidad cuál es: se sustituyen folios registrados a nombre de esa persona, titular original, aparece otra y sobre ese nuevo nombre el escribano hace la escritura.

—¿Quiénes son esas personas?

—Son prestanombres en el mejor de los casos. Hemos detectado en la investigación administrativa que había quienes ni siquiera sabían que prestaban el nombre. O sea que han agarrado cualquier identidad y han registrado bajo esos nombres. Es decir que el escribano no hizo el estudio del título, ni verificó la identidad de las personas al momento de realizar las escrituras.