La Policía de Toronto ha informado este jueves de la detención de 341 personas en el marco de una operación internacional contra la pornografía infantil que se ha desarrollado en los cinco continentes y que ha permitido identificar y rescatar de situaciones de riesgo a unos 400 menores. Médicos, maestros, curas o trabajadores sociales se encuentran entre los implicados en una extensa red de pederastia con epicentro en Canadá y con ramificaciones en, entre otros países, España, Irlanda, Suecia, Noruega, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, México o Hong Kong. Durante la investigación, que se inició en 2010, se han incautado hasta 45 terabites que almacenaban cientos de miles de fotografías e imágenes que muestran a menores -desde entre cinco y 12 años- en posturas de alto contenido sexual.
La productora Azov Films, con sede en Toronto, y su propietario, Brian Way, de 52 años, han sido los principales objetivos en torno al que se ha desarrollado la operación Proyecto Espada que ha permitido desmantelar la red de pornografía infantil. La empresa aparentemente se dedicaba a la distribución de DVD y películas en streaming de carácter naturista, legales en Canadá y EE UU, pero, bajo esa tapadera, Way enviaba vídeos con imágenes de menores desnudos a 94 países, obteniendo unos ingresos anuales de 1.600 millones de dólares.
Way, de acuerdo con las declaraciones de la inspectora Joanna Beavan-Desjardins, instruía a sus clientes y colaboradores sobre la forma de grabar a los niños. “Hemos dado con cientos de miles de imágenes y vídeos que muestran actos sexuales horribles que implican a menores, algunos son los peores que han visto los agentes”, reconoció la oficial canadiense en rueda de prensa. El cabecilla de la red fue detenido en 2011.
La policía canadiense dio con la pista de Way a raíz de una batalla legal con un competidor en el mercado del cine naturista. En 2004, David Eisenlohr, un distribuidor californiano de lo que él denominó “vídeos naturistas europeos” denunció ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU que Way estaba robándole su material para venderlo, después, como propio y continuó con su pugna en Canadá, escribiendo en 2007 una carta al respecto al ministro de Justicia de ese país. Las autoridades canadienses no investigaron entonces a Way pero tuvieron constancia de la existencia de Azov Films.
Tres años más tarde, un tribunal de Rumanía condenaba al ciudadano alemán Markus Roth a tres años de prisión por grabar más de 100 películas de desnudos de los niños a los que enseñaba karate. La policía descubrió que las cintas se vendieron en Canadá por 1.000 dólares cada una. Dos meses después de su detención, la policía de Toronto comenzaba su investigación sobre Azov Films, realizando compras de material cinematográfico de manera encubierta.
Pronto se sumó a la operación el Departamento de Inspección del Servicio Postal de EE UU ya que la mayoría de las órdenes de envío a este país se realizaban a través de esa agencia federal. Esta primera parte de la investigación permitió detener en mayo de 2011 a Way, que está en prisión desde entonces, y rescatar a 100 menores, una decena de ellos en Ucrania y Europa del Este.
La inspección de las bases de datos de Azov Films permitieron a la policía seguir el rastro del resto de los miembros de la red criminal. En España, 38 sospechosos fueron detenidos el año pasado. La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional fue la que contribuyó a la investigación en este país "rescatando a 19 niños", dijo en rueda de prensa el inspector jefe de la policía española Luis García. "Este es un crimen que está escondido, y que sin este tipo de investigación no puede salir a la luz. Podemos encontrar abusos flagrantes que nunca habríamos hallado de otra forma", explicó.
La mayoría de las detenciones se ha realizado en Canadá (más de 100) y EE UU (alrededor de 76, según la policía de Toronto). Lo que más a preocupado a los responsables de la operación ha sido el estrecho contacto con menores de varios de los implicados debido a sus profesiones.
El intendente de Santa Fe advirtió que analizan acudir a la Justicia si el Gobierno nacional no revoca la eliminación de subsidios. Aseguró que el objetivo es mantener la frecuencia para evitar que los usuarios abandonen el servicio.