El Gobierno nacional anunció que la próxima semana avanzará con un pedido ante la Justicia federal para "incautar" bienes de Papel Prensa S.A., que fueron presuntamente apropiados durante la última dictadura militar.
La incautación en marcha, que ya se estima traerá repercusiones políticas, la solicitará el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, encargado de la lucha contra el lavado de dinero en el país. En diálogo con Radio América, Sbatella recordó que para la legislación argentina los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que por lo tanto, las apropiaciones realizadas durante la comisión de esas acciones aberrantes son delitos continuos. "La continuidad del delito se mantiene porque son imprescriptibles y no hubo oportunidad de sanción (judicial). Van camino a dañar el bien protegido por el Código Penal, en el capítulo del orden económico financiero", explicó el funcionario.
El caso Papel Prensa es paradigmático. En el despacho del juez Julián Ercolini del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py se acumulan testimonios y documentos históricos que probarían que la papelera de San Pedro fue apropiada bajo amenazas por parte de los dueños de los tres diarios involucrados (Clarín, La Nación y La Razón) y la Junta militar. La causa se originó por una doble denuncia: la de Poder Ejecutivo, a través del minucioso informe oficial realizado por los representantes del Estado en la compañía bautizado "Papel Prensa: La Verdad", y la de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa antes de la supuesta venta forzada. Las declaraciones de Papaleo y otros damnificados, como los viejos accionistas Juan Graiver y Rafeal Ianover, revelan que fue una apropiación ilegal, lograda con amenazas, secuestros y torturas.
Esta semana, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió con la viuda de Graiver para analizar los documentos hallados recientemente ligados a la última dictadura cívico-militar, en los que hay constancia de la relación entre la entrega de Papel Prensa y los secuestros y detenciones de los Graiver. "Está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver era para la Junta Militar una única unidad temática", aseguró Rossi.
El exdiputado señaló que en la documentación descubierta en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, se encontraron 13 actas originales, de las cuales en 12 se realiza un seguimiento del tema entre el 15 de septiembre de 1976 y el primero de diciembre de 1977. El punto 5 del acta 19 de fecha 6 de abril de 1977 es el "arresto de familiares e implicados en el caso Graiver". Al término de la reunión, Papaleo manifestó que este material es muy importante y agradeció que ya esté en manos del juez Ercolini.
En este marco, Sbatella confirmó que el Gobierno nacional intentará reparar el daño provocado a la familia Graiver con la restitución de los bienes. "Desde la UIF estaremos planteando en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad que se acuse de lavado al dinero proveniente ilícito de apropiación de bienes de detenidos desaparecidos. Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otras", detalló el jefe de la unidad antilavado.
Otros casos de empresarios que fueron expropiados sus bienes durante la dictadura son el de Eduardo Saiegh y el de los hermanos Iaccarino. "Todos esos casos, además de la imprescriptibilidad por delitos de lesa humanidad, entraría también la recuperación de los bienes porque fueron apropiados", agregó Sbatella.
Saiegh es un arquitecto que fue desapoderado del Banco Latinoamericano de Inversión en 1980. Según contó el banquero argentino, el 31 de octubre de ese año fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal y permaneció desaparecido siete días. En esa semana, fue torturado y obligado a confesar delitos inexistentes que le permitieran al Banco Central en manos de los militares liquidar al BLA, del cual era vicepresidente.
Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados en noviembre de 1976 por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladados luego a distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps. Durante su cautiverio en la Brigada de Lanús, los hermanos fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda las empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.
Una dificultad se presentará en el futuro, tras el pedido de la UIF. Qué hacer con los bienes. "Se pide la incautación para en un etapa posterior devolverlo", anticipó Sbatella, quien también se quejó en el diálogo radial de la falta de un registro nacional centralizado de bienes incautados por la Justicia, lo que facilitaría la ejecución o restitución. "Hubo una intención del Ministerio de Justicia de empezare a hacer un registro de los bienes decomisados por orden judicial, para luego liquidarlos. Todo centralizado. Pero eso está en la Corte. Hoy no tenemos estadísticas de los bienes decomisados", señaló el economista y extitular de la Comisión de Defensa de la Competencia.
Según el artículo 231 del Código Penal, un juez puede resolver "la incautación del producto del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva". Pero una vez que haya sentencia, el mismo ordenamiento penal estipula en el artículo 23 que puede volver a sus dueños legítimos. "En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros".
En Temperley, por el torneo más federal del país, un Gallito de destacado presente y el sorpresivo Funebrero buscarán meterse entre los dieciséis mejores.