Según un comunicado de prensa divulgado por el Centro de Información Judicial, el pedido de los supremos se requirió al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Julio Alak, y al Ministerio de Seguridad, de Arturo Puricelli.
Meses atrás, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había convocado a representantes del fuero federal y de la cartera de Seguridad para que discutir qué medidas de cooperación se podía tomar para mejorar el control del delito en esa la zona. A esa reunión asistió Sergio Berni, quien al dejar tribunales exigió ayuda de los magistrados para no liberar a los delincuentes que apresan las fuerzas policiales y se comprometió a progresar en la prevención.
En ese cónclave, realizado el 18 de septiembre pasado en el Palacio de Tribunales, también asistieron Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Miguel Medina, juez federal de Salta.
El comunicado de CIJ reveló que tras esa reunión, el 24 de octubre último, el máximo Tribunal "recibió un informe sobre esta problemática con respecto a la jurisdicción Salta-Jujuy, firmado por Villada y su par Roberto Loutayf Ranea; mientras que al día siguiente fue girado a la Corte el documento referido a Tucumán, suscripto por Daniel Bejas y Fernando Poviña, jueces federales de esa jurisdicción.
En ese marco, días después la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura, a Alak y a Puricelli para solicitar que "arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos". Este martes, los siete jueces firmaron otra resolución para reiterar el pedido.
El Tate lo dio vuelta en el 15 de Abril, ganó 3-1 y volvió a meterse en la pelea por los playoffs del Apertura Proyección