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El senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico, realizó en la sesión de la víspera de la cámara Alta, una petición al poder Ejecutivo para que siga ordenando el accionar de las fuerzas de seguridad y la policía continúe con la potestad de detener a una persona por averiguación de antecedentes. El planteo, lo realizó luego de que a fines de octubre, los tribunales de Rosario admitieran un recurso de hábeas corpus para evitar este procedimiento.

Argumentando su postura, el funcionario explicó que “el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía 11516, es muy claro, con disposiciones razonables y brinda a la autoridad policial un mecanismo eficiente para la prevención de las personas”.

En este sentido, el legislador oriundo de Venado Tuerto, comunicó al gobernador Antonio Bonfatti, para que por su intermedio “se adopten todas las medidas de prevención y de control a fin de proteger la seguridad, las vidas y los bienes de los santafesinos” y que en especial “se ordene a las fuerzas de seguridad el seguimiento de aquellos individuos que gocen de los beneficios de libertad condicional, ya sea bajo fianza o libertad morigerada ordenada por los jueces, evitando así la reiteración de hechos delictivos que perturben la paz de la población”.

Más tarde, afirmó que en la sociedad actual y con el ritmo diario, “es imperante que otorguemos ciertas herramientas a quienes son los encargados de velar por nuestra tranquilidad para que mejoren la seguridad ciudadana. Es nuestro derecho y debe ser garantizado por el Estado. La gente quiere vivir en una sociedad libre de amenazas generadas por la violencia y el delito”, precisó.


Esta medida, fue planteada en un principio por el diputado del Frente Para la Victoria, Eduardo Toniolli, quien presentó un recurso de habeas corpus para que se limite la facultad que otorga la ley a los uniformados para detener personas sin orden judicial y con el fundamento de la averiguación de antecedentes. El juez resolvió hacer lugar al recurso y comunicar a la Policía de la provincia -a través del Ministerio de Seguridad- que sólo podrá restringir la libertad ambulatoria de una persona cuando exista sospecha o indicios ciertos que lo vinculen con la preparación o comisión de un ilícito. Por lo que no podrán usarse manifestaciones genéricas o imprecisas para justificar una detención sin orden judicial.

Al respecto, Lisandro Enrico, destacó que “creemos que en el marco de la legalidad las fuerzas policiales deben utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para poder combatir la inseguridad, entendiendo que al ser desprendimiento del poder público Estatal, uno de sus principales objetivos es el de garantizar la seguridad de la población”.
Y tras cartón, remarcó: “Las voces de la sociedad están reclamando cada vez con más fuerza la implementación de políticas que garanticen la seguridad, siendo el Estado en su conjunto el que tiene las capacidades necesarias para proteger los derechos esenciales de la comunidad”.

“Por eso -prosiguió- consideramos necesario aunar esfuerzos en la lucha contra los hechos de inseguridad y violencia reiterados, fortaleciendo los lazos con las fuerzas de seguridad, las cuales deben velar por la la sociedad en su conjunto. Es necesario en los tiempos que corren otorgar mayores herramientas, recursos y todo lo que este frente a las posibilidades de este Estado Provincial para obtener la efectividad de las fuerzas”, completó.