Desde la sanción de la ley de protección a las personas con diabetes pasaron ya 24 años y 15 desde su reglamentación. Asociaciones de pacientes y familiares consideran que la norma debe ser actualizada para ampliar la cobertura de insumos y tratamientos, ponerla al día en relación con los avances farmacológicos, tecnológicos y educacionales y estimular la realización de campañas de concientización sobre la enfermedad que padecen dos millones y medio de argentinos.
A través de la plataforma de peticiones online Change.org, una solicitud elaborada por María Constanza Hlawaczek, mamá de un chico de 12 años con diabetes tipo 1, en conjunto con la asociación N.A.Dia, reunió 56 mil firmas de apoyo para que el Congreso modifique la Ley 23.753. Ayer llevaron esos avales al Parlamento con el objetivo de presionar para que el proyecto de modificación sea debatido en la Comisión de Salud el martes próximo y pueda ser tratado sobre tablas el miércoles, en la última sesión ordinaria del año.
“La ley está desactualizada y no refleja la realidad de quienes tienen esta enfermedad ni tiene en cuenta los tratamientos actuales. Esto perjudica enormemente a los pacientes”, afirmó Constanza en diálogo con Clarín. “En su momento fue una norma pionera, excelente, lo que pasa es que quedó obsoleta. Nunca más se modificó”.
Uno de los principales problemas que destacan de la ley actual radica en la cantidad de insumos que garantiza a los pacientes. Un ejemplo: el Plan Médico Obligatorio (PMO) cubre 400 tiras reactivas al año para automonitoreo de la glucosa en sangre (extendible a 800), al 70% de su valor. Pero para llevar un estricto control de la enfermedad los pacientes coinciden en que se necesitan al menos 2.000 (cada caja trae 50 y cuesta más de 500 pesos). “Vamos por la cobertura total, para que a cada persona le den según su necesidad de tratamiento”, señaló Constanza, mamá de Tomás, que usa entre 6 y 8 tiras por día. “Pedimos también que haya médicos especialistas en todos lados. En el Partido de la Costa -viven en Santa Teresita- no tenemos diabetólogo infantil, lo que nos obliga a viajar al menos cada tres meses a Mar del Plata o Buenos Aires y cruzo los dedos para que nunca en la vida pase por una emergencia que yo no pueda controlar”.
El proyecto de modificación de la ley elaborado por el senador Ernesto Sanz (UCR) establece que la cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol sea del 100% y en las cantidades necesarias según prescripción médica, que el Ministerio de Salud establezca normas de provisión de fármacos e insumos (hipoglucemiantes, lapiceras para insulina, bombas de infusión, digitopunzores, etc.) que sean actualizadas cada dos años para incoporar los avances en la materia. Y contempla además el desarrollo de campañas de para concientizar a la población que permitan estimular la detección temprana de la enfermedad.
De modificarse la norma, los cambios no serán automáticos. “Detrás de ella tienen que venir la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y una resolución del Ministerio de Salud que hagan efectivos los cambios que la nueva ley establecerá. En otras palabras, necesitamos que el Gobierno recoja el guante. Confiamos en que lo haga, como también confiamos en que el proyecto va a ser acompañado por todos los bloques en el Congreso”, apuntó Sanz.
En paralelo con este pedido, varias asociaciones avanzan por otro camino para lograr la ampliación de la cobertura. En vez de cambiar la ley, apuestan a la modificación de las normas de provisión. Convocada por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional Asesora en Diabetes Mellitus (CONADI), integrada por la Federación Argentina de Diabetes (FAD) y la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), entre otras cuatro entidades y especialistas de hospitales nacionales, trabajaron en la elaboración de un plan para aumentar la provisión de insumos.
La iniciativa apunta a triplicar las cantidades mínimas actuales de tiras reactivas garantizadas en la actualidad por el PMO y la revisión de las coberturas en insulinas, bombas de insulina, hipogluceminates orales y a poner “atención específica a situaciones especiales”.
“El Ministerio de Salud de la Nación tiene facultades suficientes para aumentar la cobertura de la medicación y reactivos a favor de los pacientes y así obviar la modificación de la ley, con todas las dilaciones que ello supondría”, señaló Christian Gali, del Comité de Asuntos Legales de la FAD, quien aclaró que desde la federación no están en contra de que se introduzcan cambios en la norma, pero que consideran una vía más expeditiva la modificación de la resolución ministerial, que es analizada en la cartera y que debe ser aprobada y promulgada por su titular, Juan Manzur.
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