La causa Inundación lleva 15 años de iniciada y tuvo tres procesados inicialmente (que se redujeron a dos con la muerte de Marcelo Álvarez). Sobrevivió a cinco pedidos de prescripción. Han intervenido en ella más de 20 jueces y unos 13 fiscales, lo cual redunda en un serio escollo con cada planteo que presentan los abogados defensores: ya no hay magistrados que puedan resolverlos en el fuero santafesino, porque todos los que están en funciones actualmente ya pasaron, de una u otra forma, por el expediente, y eso atenta contra la “imparcialidad” requerida.
Aquí, repasamos algunos de los puntos principales de un expediente que ya acumula 20 cuerpos de documentación.
* El expediente se abrió el 5 de mayo de 2003 (a seis días de la irrupción del Salado a la ciudad). La denuncia fue presentada por la presidente del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel Zanutigh ante el fiscal Ricardo Favaretto, y fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ª Nominación, Diego de la Torre.
* La causa está regida por el viejo Sistema Procesal Penal de la Provincia.
* En principio, De la Torre imputó a diez funcionarios municipales y provinciales. Entre ellos no estaban los ex gobernadores Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obeid (este último, ya fallecido) ni el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier. Las asociaciones de inundados y los actores civiles de la causa consideran que estos tres funcionarios fueron los responsables de que la defensa oeste haya estado inconclusa (lo cual permitió el avance del agua), pero jamás fueron indagados. Sólo declararon en calidad de testigos.
* A fines de 2005, el mencionado magistrado fue recusado y se retiró. En su lugar tomó la causa Jorge Patrizi.
* En los últimos meses de ese año, se presentó el informe técnico oficial, elaborado por tres peritos designados por sorteo por el Poder Judicial. Los profesionales Jorge Bacchiega, Jorge Maza y Juan Carlos Bertoni consignaron que nuestra capital presentaba un estado de vulnerabilidad evidente por la falta de cierre de la defensa, la cual se tendría que haber solucionado con anterioridad a la catástrofe. También, que por la situación que ya se anticipaba los días 27 y 28 de abril, se debería haber evacuado a la población, y finalmente, que “con los registros existentes en poder de las autoridades de la Provincia y la utilización de modelos matemáticos de fácil y libre disponibilidad, era técnicamente factible establecer tanto la fecha como la cantidad de agua y velocidad de la misma, que pasaría por la margen oeste de la ciudad”.
* El 19 de abril de 2006, Patrizi desvinculó de responsabilidad a siete de los imputados. Entre ellos, al ex titular de Defensa Civil de la provincia, Carlos Alberto Filomena, a quien muchos recuerdan porque en plena catástrofe fue fotografiado bailando en un casamiento en Paraná.
En cambio, el juez procesó al ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti, al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al exintendente Marcelo Álvarez. Este último falleció el 9 de abril pasado, por lo que la acción penal en su contra se extinguió. El delito que se les atribuyó es “estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de 18 personas”.
Cabe resaltar que los fallecimientos reconocidos oficialmente, y que constan en las actas policiales de esos días, son 23, pero no todos fueron admitidos en la causa.
Asimismo, es de destacar que en el auto de procesamiento, Patrizi incluyó un apartado en el que aclara que no existían “elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos” que motivaron la investigación. Esto, pese a que, como se dijo, el ex mandatario nunca estuvo imputado ni fue indagado.
* El 5 de marzo de 2008, el fiscal Norberto Nisnevich solicitó la elevación a juicio. Es decir, pidió que comience a juzgarse a los procesados. Nisnevich fue de los escasísimos funcionarios judiciales que, basándose en la pericia oficial, dejó asentado en su escrito que “la crecida e inundación del río Salado era previsible” y que si se hubiera cerrado provisoriamente la defensa con tres días de antelación, los efectos de aquélla se habrían minimizado considerablemente.
* En 2011 comenzó la etapa definitoria de la causa: el plenario. Se volvieron a presentar las pruebas, se incorporaron otras y se sugirieron testigos.
* En 2013 fueron llamadas a atestiguar 60 personas. Entre ellas, Obeid, Mercier y Reutemann. Como ya lo había hecho en 2004, Reutemann declaró en 2013 por escrito, amparado en sus fueros de senador. El segundo texto es una copia exacta del primero en un 60%, aunque en 2004 se centró más bien en reafirmar que nadie le había avisado lo que sucedería, y en 2013 adujo que, debido al paso del tiempo, ya no recordaba.
* El cierre del plenario se dispuso en 2015, pero la llegada de las conclusiones y posterior sentencia se han venido dilatando por los cinco pedidos de prescripción interpuestos por la defensa de Álvarez. Todos ellos fueron rechazados.
* En agosto de 2017, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se expida sobre el cuarto pedido de prescripción. El Máximo Tribunal remitió nuevamente la causa al juez que venía actuando, para que dicte sentencia. Aunque no opinó claramente sobre la cuestión de fondo (la prescripción), se dio la causa por vigente.
* En diciembre de ese año, la defensa de Álvarez ingresó un quinto pedido de prescripción, que le fue rechazado en abril pasado. El mismo mes que el ex intendente falleció. Si no hay nuevas dilaciones, esto daría lugar a que las partes presenten sus alegatos finales, y al dictado, por fin, de sentencia contra los dos procesados que aún tiene el proceso penal.